Lo aprobó el Senado

Polémica por los cambios y reducción del Comité de Prevención de la Tortura

Por UNO

Con 21 votos de Cambia Mendoza -el oficialismo y sus aliados- y 13 negativos, el Senado de Mendoza aprobó este martes la modificación del proyecto de ley que achica el Comité de Prevención de la Tortura y que motivó fuertes reclamos de los organismos de Derechos Humanos de la provincia.

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La propuesta pasó ahora a la Cámara de Diputados en revisión.

Al momento de que se le diera tratamiento en el recinto, la senadora oficialista Mercedes Rus fue quien pidió el uso de la palabra para explicar los alcances de la iniciativa en debate. Dijo que "La legislatura deberá contemplar el presupuesto de la Comisión".

Además leyó las principales modificaciones que contemplará la propuesta que fue elaborada por el Poder Ejecutivo y presentada por Alfredo Cornejo a fines de su mandato, el año pasado.

Hace poco más de un mes el Comité Nacional de contra la Tortura hizo saber su rechazo a este proyecto, pero esta posición finalmente no tuvo eco al menos en los legisladores del oficialismo.

La senadora Cecilia Juri, del Frente de Todos, declaró que esta propuesta es un "retroceso" para la provincia de Mendoza. "Lo que se está proponiendo es reducir a la mínima expresión la participación de la sociedad civil. No es necesario disminuir la presencia de estos organismos. Entendemos que nuestra legislación que supo ser de avanzada presenta un retroceso", afirmó.

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Lautaro Jiménez, del FIT, también mostró su rechazo  a la iniciativa en discusión. "No entiendo para que quieren modificar algo que supuestamente va bien. Atenta contra la calidad institucional. La comunidad mendocina no va a ganar con esta ley".

Fernando Alin del bloque Socialista, avaló el proyecto. "Creemos en las políticas de inclusión, yo también fui víctima de hechos delictivos. Hay que escuchar a la gente en lo que se necesita. Apoyo plenamente esta reforma", aclaró.

Actualmente, integran el comité una docena de representantes que ejercen su cargo ad honorem. Con la modificación, ese cuerpo se reemplazaría por otro con cuatro miembros: uno por la Suprema Corte de Justicia provincial, otro por el Colegio de Abogados local, otro por la Defensoría General y solamente uno por las organizaciones.

La propuesta del Ejecutivo está relacionada a modificar la composición de la Comisión Provincial, a la forma de elección y a los requisitos que deberá cumplir cada postulante.

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