El diputado nacional mendocino por el radicalismo Luis Petri criticó la derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados al advertir que "es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo poder denunciado" y señaló que la iniciativa "tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción".
Te puede interesar:ANSES| Tarjeta alimentaria: cómo saber si me corresponde y qué hago si no figuro en el padrón
"Argentina, por mandato de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, tiene la obligación de contar con sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción", dijo Petri en un comunicado, en el que agregó que "es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo poder denunciado".
Se refirió así a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de derogar el decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
"La falta de un sistema de protección específico por hechos de corrupción genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se expone a quienes denuncian y, por otro, se desalientan testimonios incriminadores generando un círculo de impunidad que es necesario romper", sostuvo el diputado radical, que en 2014 presentó el proyecto para crear el Programa de Protección de Testigos por hechos de Corrupción fuera del ámbito del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, Petri puntualizó que "el decreto publicado en el Boletín Oficial tiene una insuficiente justificación, cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado" y concluye: "Casi infundado".
