Durante su exposición y consultado sobre las interferencias o intentos de frenar la ley de etiquetado, el senador mendocino expresó que “se presentaron distintos proyectos. Hace ya 5 años y casi en forma simultánea lo hicimos con la senadora (Anabel) Fernández Sagasti que somos de distintos partidos políticos, y sin embargo trabajamos en conjunto porque la salud debe ser una política de Estado. Y lo cierto es que desde el primer día tuvimos resistencia de algunos sectores. Tuvimos un apoyo grande de los Ministerios de Salud, pero en un principio con dudas de la parte de Industria; algo que en esta gestión quedó saldado y nos permitió aprobarla en el Senado. Los argumentos han sido siempre los mismos: que demonizamos a los alimentos, el supuesto desempleo y fundamentalmente que tenemos que compatibilizar con Mercosur. Este les diría que es el argumento que ha quedado, en virtud de que hemos ido -uno a uno- tirando por el piso los otros argumentos” y agregó que “también hemos tenido una presión muy fuerte de la industria azucarera que es un gran monopolio en nuestro país y también de la industria de la alimentación a partir de la entidad que los agrupa”.
Yo lo que percibo, porque he escuchado a algún funcionario de Cancillería, que buscarán que se posponga hasta que el Mercosur defina un sistema, pero nosotros ya hemos dicho que no. Uruguay, miembro fundador del Mercosur, pone ahora en vigencia su sistema a partir del 1 de marzo, lleva 18 meses con la industria adecuándose; Chile, que es socio adherente, ya lo ha implementado. Además, en la ley incluimos un artículo, como en cualquier convenio internacional que debe ser ratificado por el Congreso, entonces existe la posibilidad de modificarla en caso de que haya un consenso dentro del Mercosur de algún otro sistema de etiquetado. No lo hemos querido dejar libre a la decisión del Mercosur, lo aplicamos como país y si luego se adopta otro sistema será motivo de una segunda discusión Yo lo que percibo, porque he escuchado a algún funcionario de Cancillería, que buscarán que se posponga hasta que el Mercosur defina un sistema, pero nosotros ya hemos dicho que no. Uruguay, miembro fundador del Mercosur, pone ahora en vigencia su sistema a partir del 1 de marzo, lleva 18 meses con la industria adecuándose; Chile, que es socio adherente, ya lo ha implementado. Además, en la ley incluimos un artículo, como en cualquier convenio internacional que debe ser ratificado por el Congreso, entonces existe la posibilidad de modificarla en caso de que haya un consenso dentro del Mercosur de algún otro sistema de etiquetado. No lo hemos querido dejar libre a la decisión del Mercosur, lo aplicamos como país y si luego se adopta otro sistema será motivo de una segunda discusión
