"Desregulación"

Nación sumó otros 500 despidos de empleados públicos tras el cierre de la Secretaría de Vivienda

El ministro Federico Sturzenegger dijo que con que la medida se ahorrará 6.500 millones de pesos por año de impuestos

Por UNO

Tras la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda el gobierno nacional decidió echar a otros 500 empleados públicos

Dentro de los “recortes del gasto en el Estado” formalizaron los despidos mediante la Resolución 150/2025 publicada en el Boletín Oficial para completar el proceso de cierre del área dependiente del Ministerio de Economía

Los recortes en el área, además de la Secretaria de Vivienda se habían evidenciados con los recortes en planes como el Procrear, hasta la actual disolución.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisó en su cuenta de X que la normativa “transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría” y que, al sumar a los contratados, la reducción de personal alcanza a 500 personas. Además, reveló que el área contaba con un “número indefinido de auditores contratados a través de universidades que también se descontinúan”.

Sturzenegger remarcó que “computar el ahorro para el contribuyente es fácil” puntualizando que “sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar”, sobre lo que indicó que “el valor presente de este gasto son 130.000 millones”.

El ministro sentenció que “la construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional” señalando que “tiende a aislar a la gente del mercado laboral, ni hablar de su tendencia a la corrupción” y consideró que “en todo caso, es una tarea provincial o municipal”.

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El año pasado los despidos de empleados públicos llegaron a 37.595

El año pasado sólo el Gobierno de la Nación desvinculó a 37.595 trabajadores públicos, de los cuales 22.302 pertenecían a la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 se desempeñaban en empresas del Estado y 2.883 actuaban como personal de seguridad y militar, según los datos oficiales.