Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y la imputabilidad de menores baja a 14 años
Se estableció un plazo de 180 días para que las provincias adapten sus estructuras, creen los juzgados especializados y acondicionen los centros de alojamiento
El Gobierno Nacional oficializó este lunes la ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina.
En un movimiento clave para su agenda de seguridad, el Gobierno Nacional oficializó este lunes la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. La medida marca el fin de la normativa vigente desde 1980 y reduce la edad de imputabilidad de menores de los 16 a los 14 años.
La ley no entra en vigor de inmediato. Se estableció un plazo de 180 días para que el Poder Judicial y las jurisdicciones provinciales adapten sus estructuras, creen los juzgados especializados y acondicionen los centros de alojamiento.
La promulgación publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026 llega apenas diez días después de que el Senado le diera sanción definitiva con 44 votos a favor y 27 en contra, cerrando un intenso debate legislativo que comenzó en las sesiones extraordinarias de verano.
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Los puntos centrales de la reforma que baja la edad de imputabilidad
El nuevo sistema busca reemplazar la Ley 22.278 (sancionada durante la última dictadura) por un marco que el Ejecutivo define como "moderno y adaptado a estándares internacionales". Entre sus principales ejes se destacan:
Baja de la edad de punibilidad: Los adolescentes serán penalmente responsables desde los 14 años por delitos tipificados en el Código Penal. Originalmente, el oficialismo proponía los 13 años, pero subió el piso a 14 para asegurar el apoyo de bloques aliados.
Sanciones diferenciadas: Se establecen penas proporcionales a la edad y la gravedad del hecho. Para delitos menores, se priorizan medidas alternativas como la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad o el monitoreo electrónico.
Límite de condena: La pena máxima privativa de la libertad para menores de 18 años será de 15 años, quedando prohibidas las penas de prisión o reclusión perpetua.
Centros especializados: La ley prohíbe terminantemente que los menores sean alojados con adultos. Deberán cumplir cualquier medida restrictiva en centros especializados con personal capacitado.
Foco en la resocialización: El régimen incorpora programas educativos obligatorios, formación en oficios y acompañamiento a través de la figura del "supervisor judicial especializado".
Financiamiento y plazos de implementación
Para mitigar las críticas de la oposición y de algunos gobernadores sobre la carga operativa que esto implica, el Gobierno se comprometió a destinar más de $23.700 millones para la implementación del sistema y la adecuación de infraestructuras en las provincias.
Reacciones políticas
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la medida asegurando que "se termina con la doctrina de que el delincuente es la víctima". Por su parte, sectores de la oposición y organizaciones como la Sociedad Argentina de Pediatría han expresado su preocupación, argumentando que la baja de la edad no ataca las causas estructurales de la criminalidad juvenil y que el sistema carcelario actual no garantiza la reinserción.
Con esta promulgación, Argentina se alinea con países de la región como Chile, Colombia y Paraguay, que ya mantienen el límite de imputabilidad en los 14 años.
