Nación aprobó una guía de control para regular la Inteligencia Artificial en el Estado
La SIGEN busca mitigar riesgos operativos, de seguridad y legales en la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en los organismos públicos
La inteligencia artificial se está metiendo en el trabajo, las empresas y los organismos del Estado. Crédito: Freepik.
La Sindicatura General de la Nación aprobó la "Guía de Controles Inteligencia Artificial - SIGEN", una medida que establece un marco obligatorio de control interno para la implementación de herramientas de inteligencia artificial en todo el Sector Público Nacional. La normativa busca fiscalizar de manera exhaustiva el uso de estas tecnologías.
La medida, oficializada mediante la Resolución 197/2026 publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del Síndico General de la Nación, Alejandro Fabián Díaz. Esta decisión surge tras un relevamiento detallado de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), el cual detectó que varios entes estatales ya están iniciando proyectos con estas herramientas informáticas, pero que los controles preventivos aún no se encuentran correctamente instrumentados en las dependencias.
Un enfoque basado en riesgos para la inteligencia artificial
Según explicaron desde el organismo de control, la falta de supervisión adecuada podría acarrear riesgos operativos, de seguridad o legales para el Estado Nacional. Si bien la evolución de la tecnología se presenta como una oportunidad para mejorar la eficiencia, la capacidad analítica y la calidad de los servicios públicos, el nuevo documento técnico impone un enfoque basado estrictamente en la prevención de riesgos informáticos.
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El objetivo central de la normativa es garantizar que cualquier algoritmo o sistema inteligente que se use en la administración pública se alinee con los objetivos estratégicos, cumpla con la normativa vigente y respete de manera estricta los principios de integridad, transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.
Esta nueva guía no funciona de manera aislada, sino que complementa y profundiza el marco regulatorio ya existente para el control del Estado. En este sentido, se acopla a la Resolución SIGEN N° 172/2014, referida a las Normas Generales de Control Interno alineadas con las buenas prácticas internacionales del Marco COSO, y a la Resolución SIGEN N° 87/2022, de Normas de Control Interno para Tecnología de la Información.
Al unificar estos criterios, las auditorías de la SIGEN, las Unidades de Auditoría Interna y la propia Auditoría General de la Nación (AGN) contarán con parámetros claros para evaluar el gobierno de datos, la seguridad informática y la delimitación de responsabilidades de quienes programan o implementan estos sistemas de inteligencia artificial.
Los cinco pilares para controlar la inteligencia artificial en el Estado
La Resolución SIGEN N° 87/2022 es el pilar normativo fundamental sobre el cual se estructuró la nueva guía de inteligencia artificial. Aquella resolución adaptó los controles a la era de la transformación digital y hoy se destacan cinco puntos clave que sirven como base operativa e institucional para regular los algoritmos públicos:
Planificación estratégica y alineación presupuestaria: cualquier desarrollo tecnológico debe contar con un Plan Estratégico de TI alineado con el presupuesto. Un algoritmo no puede implementarse como un experimento aislado, sino bajo un estricto control administrativo.
Gobernanza de datos y arquitectura de la información: establece pautas obligatorias sobre el flujo de datos. Como la tecnología se alimenta y entrena con datos, las reglas fijadas sobre la calidad y el origen de esa información son la base para que los sistemas funcionen de forma legítima.
Seguridad de la información y gestión de proyectos: introduce un marco robusto para las Políticas de Seguridad. Los sistemas inteligentes presentan vulnerabilidades críticas, por lo que los controles previstos actúan como la primera capa de defensa informática indispensable.
Ciclo de vida del software: regula el control sobre el desarrollo, mantenimiento o adquisición de software, ya sea propio o de proveedores privados. El proceso debe respetar estándares para garantizar la transparencia y evitar el fenómeno de la "caja negra".
Monitoreo continuo y auditoría interna: fija los procedimientos de fiscalización permanente. Como el sistema aprende y evoluciona con el tiempo, este monitoreo continuo permite vigilar que un algoritmo no sufra desvíos éticos o técnicos imprevistos.
El impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública y los ciudadanos
Con la implementación de esta medida, la Argentina busca posicionarse a la vanguardia regional en materia de gobernanza tecnológica dentro del sector público. Para los funcionarios y los diferentes organismos del Estado, la guía funcionará principalmente como una hoja de ruta técnica para incorporar innovación sin desatender la seguridad jurídica en sus procesos administrativos.
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Por otra parte, para el ciudadano común, la normativa promete una mayor garantía de que los sistemas automatizados del Estado resguardarán sus datos personales de manera segura. Asimismo, asegura que estas herramientas se utilizarán bajo estrictos estándares éticos, evitando sesgos o fallas de control en la gestión cotidiana de los servicios públicos digitales.
En resumen, la Resolución 87/2022 construyó el suelo operativo sobre el cual la nueva guía de 2026 edifica el control específico para que la inteligencia artificial no opere al margen de la rendición de cuentas del Estado.
