El gobierno nacional avanzará en las próximas horas con la firma de un decreto clave con el que Javier Milei busca flexibilizar y agilizar las condiciones para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por decreto
Milei quiere flexibilizar el nombramiento de jueces para la Corte evitando la impugnación ciudadana
El gobierno de Javier Milei planea modificar las condiciones para designar miembros para la Corte Suprema, que hoy sólo cuenta con 3 integrantes
Los únicos tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti,
Foto: Corte Suprema de Justicia de la NaciónEntre las modificaciones que pueden ser más polémicas del borrador, el Poder Ejecutivo planea eliminar de forma definitiva la participación de la sociedad civil en el proceso de selección mediante la supresión de la etapa de impugnaciones, impidiendo que tanto los ciudadanos particulares como las ONG y los colegios profesionales presenten observaciones u objeciones sobre los candidatos ante el Ministerio de Justicia.
En sintonía con estas reformas estructurales, la nueva normativa dejará de tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de evaluar las postulaciones para el máximo tribunal.
El objetivo es lograr mayor transparencia
De esta manera, se suprimirán por completo las recomendaciones vigentes orientadas a que el presidente de la Nación contemple de forma prioritaria la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional de los aspirantes a ocupar las vacantes de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con solo tres miembros sobre un total de cinco.
Desde los despachos de la Casa Rosada sostienen firmemente que el objetivo central de esta iniciativa es dotar de una mayor transparencia al proceso de designación de los ministros del tribunal supremo y, al mismo tiempo, evitar la duplicación de engorrosas instancias administrativas que dilatan los nombramientos.
Como parte de esta reestructuración, también se derogará la obligación legal de publicar las postulaciones y los antecedentes académicos de los candidatos en los diarios de mayor circulación nacional. A partir de la entrada en vigencia de la medida, la difusión de las candidaturas quedará estrictamente limitada al sitio web oficial de la cartera de Justicia, comandada por Juan Bautista Mahiques.
Por otra parte, el decreto establecerá estrictos controles patrimoniales y fiscales para los postulantes. Se fijará un plazo perentorio de cinco días para que presenten de manera obligatoria sus declaraciones juradas de bienes. En paralelo, se implementarán tiempos límite rigurosos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remita un informe detallado con la situación fiscal de cada uno de los candidatos evaluados.
Con este paquete de modificaciones, la administración nacional derogará y modificará sustancialmente el decreto 222/2003, una histórica normativa dictada por el ex presidente Néstor Kirchner que fue bautizada en su momento como el decreto de “autolimitación presidencial”.
A pesar de las fuertes reformas en la etapa administrativa previa, el procedimiento constitucional de fondo en el Senado de la Nación -el cual exige una mayoría agravada de dos tercios de los votos para convalidar a los jueces- se mantendrá sin alteraciones. La nueva medida comenzará a regir de manera oficial una vez que sea publicada en el Boletín Oficial.