El Gobierno de Mendoza oficializó, a través del Boletín Oficial, la aprobación de un contrato de préstamo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por US$75 millones para ampliar el servicio de agua potable.
El Gobierno de Mendoza oficializó, a través del Boletín Oficial, la aprobación de un contrato de préstamo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por US$75 millones para ampliar el servicio de agua potable.
El decreto, publicado este lunes con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, establece que los recursos se destinarán a mejorar la calidad de vida en el Gran Mendoza y en la ciudad de San Rafael. El plan contempla la optimización de procesos de potabilización, la ampliación de la cobertura, la garantía de continuidad del servicio y el fortalecimiento institucional de AYSAM, "con perspectiva de diversidad y género".
Según lo publicado en el BO, las gestiones con FONPLATA se llevaron a cabo en julio en la sede del organismo en Argentina y la operación obtuvo la aprobación del directorio a fines de ese mes. Según precisó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, “lo que se oficializó es el convenio que se firmará una vez finalizado el trámite. Resta la autorización del Ministerio de Economía”.
El préstamo tendrá un plazo de 20 años, con cinco de gracia y una tasa de interés variable basada en la SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Además, se habla de un margen fijo de 233 puntos básicos, subsidiado parcialmente por el banco de desarrollo. La SOFR se traduce como la tasa de referencia que refleja el costo promedio de los préstamos interbancarios garantizados por bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Un punto a destacar es que Argentina actuará como garante. Entre las condiciones exigidas, la provincia deberá presentar el reglamento operativo del programa, conformar una unidad ejecutora y firmar un convenio con AYSAM para coordinar la implementación.
En tanto, el decreto también refleja la habilitación a Mendoza para suscribir un contrato de contragarantía con el Estado Nacional y autoriza a los servicios administrativos a imputar, liquidar y pagar las obligaciones de deuda. Según Hacienda y Finanzas, la operación se encuentra dentro de los márgenes de endeudamiento disponibles, que contemplan un remanente de más de 250 millones de dólares a partir de 2025.