La Cámara de Senadores avaló este martes una iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue anunciada en marzo por el gobernador Rodolfo Suarez sobre la prohibición de equiparación de cargos y/o retribuciones al personal del Estado provincial.
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La propuesta prohíbe que empleados de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- perciban salarios mayores al del gobernador. También emplaza a todos los organismos a regularizar esta situación en un mes. Al ser avalada por la Cámara Alta pasó a Diputados en revisión.
La propuesta contó con el aval de los bloques radical, socialista, Masfe, Libres del Sur y PRO mientras que el Frente de Todos, Frente de Izquierda, Partido Intransigente y Protectora Fuerza Política se manifestaron en contra. La votación resultó 22 votos afirmativos y 16 negativos. La propuesta pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
Al momento de su tratamiento, el senador Marcelo Rubio quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales explicó que la Cámara tiene las facultades necesarias con todo lo referido al estatuto del empleado público. “Todos sabemos que en base a eso no podemos avalar inequidades que se han producido, en las cuales han sido funcionarios equiparados a magistrados”, añadió.
Rubio fue detallando las características de esta iniciativa. “Incluye a los tres poderes como también a los entes descentralizados. La ley establece que en el plazo de 30 días estas irregularidades deben ser arregladas. Estos cargos no pagan Ganancias, por lo que son remuneraciones excesivamente altas”, dijo.
El presidente de LAC destacó que los sueldos oscilan entre $200. 000 y $400.000. “Estamos dispuestos a avanzar para que se terminen estas irregularidades. Yo entiendo que esta ley comprende a todos los poderes. Nosotros no podemos hacer la vista gorda ante estas situaciones”, detalló.
Luego, la también oficialista Florencia Canali dio su opinión: “Me parece excelente sacar privilegios a ciertas personas. Contiene tantas excepciones que el principio general de la ley resulta desvirtuado. Termina siendo una ley hecha a medida, genera situaciones de injusticia. Se protege a algunos agentes judiciales y se perjudica a otros. Esta ley va a generar muchos juicios laborales”.
El legislador Bartolomé Robles (PJ) criticó el proyecto ya que advirtió que tiene diferencias con el proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suarez. “Es grave porque genera desigualdad y un atropello a la forma republicana de gobierno”, destacó.
Lucas Ilardo, también del justicialismo, advirtió que fue clara la postura de su bloque. “Tengo una desilusión respecto a lo que está ocurriendo hoy (por este martes) en la Legislatura. Dos de las leyes que se tratan son sin consenso, es decir sólo el bloque oficialista ha definido el tratamiento de estos proyectos en desacuerdo con el resto de los bloques. Hay un avallasamiento institucional, se queda a la mitad de camino de un gesto bien intencionado del gobernador”, reclamó.
El jefe del bloque peronista dijo que esto provocará que se desarrollen diferentes juicios laborales. “El proyecto del gobernador venía con 80 equiparados, y ahora tenemos solamente 12. Me gustaría saber quiénes son los 60 que decidió perdonar el gobernador”, advirtió.
Lautaro Jiménez, del FIT, se refirió a las modificaciones del proyecto. “En el artículo 5 hay una serie de prerrogativas que no estaban presentadas previamente. Mientras limita a un sector le abre la puerta a otro sector”, detalló.
Daniel Galdeano, del Partido Intransigente, comentó: “Creo que ameritaba una profunda discusión en donde cada senador pueda sumar. En un principio se dijeron que son 80 y ahora son 12, las cosas no están claras. Adelanto mi voto que será negativo, lamento que sea así”.
Juan Carlos Jaliff también participó del debate y explicó: "No escuchamos una sola palabra de los que se oponen a las designaciones que se han hecho en el Poder Judicial. Pretendemos establecer la legalidad para las designaciones, que no han tenido legitimidad. Buscamos ordenar irregularidades, el número no me interesa. Solicito el tratamiento y la aprobación del proyecto”, aclaró.
Los alcances de la propuesta
La iniciativa enviada por el Ejecutivo busca terminar con la posibilidad de que un agente estatal reciba un sueldo distinto a su situación de revista, es decir, para lo que fue nombrado, o de las tareas que realiza efectivamente, tanto en el caso de que sea un exceso o una disminución del haber.
Esto incluye a cualquier funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria. En un mes, todos los organismos del Estado deberán regularizar la situación.
La propuesta además solicita que se supriman los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia, con excepción de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020.
Además, la propuesta contempla que no podrán existir ni cubrirse cargos de secretarios relatores en proporción mayor a 5 funcionarios por ministro de cada sala jurisdiccional. En caso de que a la entrada en vigencia, se excediera esa cantidad máxima, los cargos excedidos no podrán ser nuevamente cubiertos cuando queden vacantes.
También especifica que se encuentran exceptuados todos los cargos que hubiesen sido designados en esas categorías salariales por expresa previsión o autorización legal, siempre que estuviesen cubiertos al 1 de febrero del 2020 para el cumplimiento efectivo de las funciones previstas por la ley habilitante.
De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de aplicar la ley, debiendo cumplir con esto en un plazo de 30 días desde su publicación.
