Otilio Romano en una de sus declaraciones cuando fue enjuiciado. Gentileza Colectivo Juicios Mendoza.
Tras conocerse la noticia de la muerte del ex juez federal Otilio Romano, condenado a prisión perpetua por su complicidad en delitos de lesa humanidad, de los que fue partícipe primario, quien se expresó desde el Gobierno de Mendoza fue la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold. La funcionaria lamentó que el ex magistrado no haya revelado datos que permitieran dar con los cuerpos de los desaparecidos en la provincia durante el terrorismo de Estado.
También formuló declaraciones la abogada Viviana Beigel, quien recordó el espacio de poder que ocupaba Romano y su postura de no investigar las denuncias que recibía a través de hábeas corpus que sistemáticamente rechazaba.
"Murió, lamentablemente sin darnos un poco de verdad, su verdad, sobre los crímenes de la dictadura y sin darnos ningún dato de dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos para llevar paz a sus familias", escribió en sus redes sociales Faingold, que también fue víctima de la dictadura, ya que fue secuestrada y torturada cuando era menor de edad.
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En agosto de 1975, Faingold (designada en su actual cargo por Alfredo Cornejo) fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención D2, actual Espacio Provincial de la Memoria. Se había iniciado como militante en el secundario con 16 años y pertenecía a una organización de izquierda que no adhería a la lucha armada. Durante su permanencia en esa dependencia policial, a pesar de su corta edad, sufrió el mismo calvario de otras presas con los consabidos abusos sexuales.
En la página Lesa Humanidad Mendoza está su testimonio a la Justicia Federal brindado en 2011. En ese proceso se reconstruyó que "los Faingold eran una familia reconocida en Mendoza con un status medio-alto y buenos vínculos con el poder lo que no impidió que al pasar el caso de Luz a la Justicia cayera en las manos hostiles de Roque Romano y Luis Miret. El entonces fiscal libró un dictamen aconsejando no restituirla a la familia y Miret la envió a un hogar de menores, donde permaneció por algunas semanas. Antes del golpe fue nuevamente detenida, su domicilio allanado y saqueado pero recuperó su libertad. En el tercer intento, ya durante la dictadura, Luz no se encontraba en su hogar, fue alertada y partió al exilio salvador".
Romano, de 79 años, integró la cúpula de la Justicia Federal y fue sentenciado en en 2017, en un fallo histórico, a cadena perpetua. Desde ese año, quedó con prisión domiciliaria por la edad y por padecer varias enfermedades, como diabetes. Le atribuyeron no haber investigado las reiteradas denuncias sobre genocidio que recibía. El tribunal lo consideró partícipe primario en 33 homicidios agravados, 25 hechos de privación abusiva de la libertad, 36 casos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal.
También se le atribuyó ser partícipe necesario en cuatro hechos de violación y en cinco de abuso deshonesto, haber promovido la omisión de investigar cuando se desempeñaba como fiscal federal y juez federal subrogante.
El Tribunal Oral Federal integrado por Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, lo sentenció junto a los ex magistrados Luis Miret, Rolando Carrizo y Petra Recabarren.
Durante su función de camarista federal de Mendoza fue denunciado, imputado y procesado en 2011. El Consejo de la Magistratura de la Nación lo investigó y cuando estaba a punto de destituirlo, Romano huyó a Chile. Allí pidió asilo político. La Corte de Justicia de ese país se lo negó y fue detenido en 2013. Ya en Mendoza, fue enviado a la Penitenciaría Provincial hasta el momento del juicio condenatorio.
La abogada Viviana Beigel, reconocida por su actuación como querellante en los juicios de lesa humanidad en representación del MEDH (Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos) y de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó en Canal 7 que "Romano fue fiscal federal y tuvo una función específica en lo que ellos denominaron la lucha antisubversiva".
Agregó la letrada que fue "condenado por crímenes, robos, desapariciones, allanamientos y torturas ocurrridas entre 1975 y 1983. Fue una figura con mucho poder. Tenía a su cargo el impulso de las causas y omitió investigar las denuncias que presentaban los familiares por las desapariciones. Recibía los hábeas corpus para luego rechazarlos".
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