El proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” está a punto de convertirse en ley. El 11 de junio pasado obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y si este jueves la Cámara Alta la aprueba, solo restará que el Poder Ejecutivo la reglamente y promulgue para que sea obligatorio hacerla efectiva.
Ley de cupo laboral travesti-trans: un mendocino se abstendrá

El cupo laboral travesti-trans a punto de convertirse en ley, este jueves se debate en el Senado de la Nación
Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo con lo que plantea la iniciativa. Es el caso del radical Julio Cobos, uno de los que legisladores nacionales que se abstendrá de votarlo.
El motivo
Fuentes allegadas al legislador explicaron que, para Cobos, los argumentos que justifican el proyecto no son suficientes. Es decir que no le resulta posible definirse por una postura o por otra, este es el motivo por el cual se abstendrá.
Recomendadas
Esta vez no votará en contra, como si sucedió con la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, tampoco apoyará la propuesta por la que se deberá destinar el 1% de los cargos del Estado a personas travestis, transexuales y transgénero.
En cambio, las senadoras mendocinas Pamela Verasay (JxC) y Anabel Fernández Sagasti (FDT), votarán a favor.
Qué plantea
La obligatoriedad de reservar el 1% de los cargos de la administración pública para personas trans será aplicada en los tres poderes de Estado, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y las empresas y sociedades públicas.
Los puestos de trabajo reservados serán para personas que se definan como como travestis y trans, hayan o no realizado el cambio de nombre y sexo en sus documentación personal.
También se creará, por ley, un Registro Único de Aspirantes al que pueden inscribirse las personas interesadas, aunque tampoco será un requisito obligatorio.
Por otra parte, explicita una serie de garantías de no discriminación, tales como no pedir como condición excluyente, el requisito de haber terminado los estudios. Aclara que si las personas que se presentan a los llamados no han terminado el ciclo obligatorio, “se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos”, con el respaldo del Estado para que esto se haga efectivo Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales que sean irrelevantes para acceso al puesto laboral.