El fiscal de Estado, Fernando Simón, denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos que se investigue lo que considera el pago de sobreprecios que habría hecho el hospital Lagomaggiore en la compra de 10 cajas de acrílico para evitar contagios de coronavirus.

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Según la denuncia se habría pagado el triple de lo que valen en el mercado. Por el hecho tanto la directora del hospital, Roxana Cabrera, como el mismo Ministerio de Salud abrieron investigaciones internas para confirmar qué paso.

Se trata de cajas de acrílico para pacientes que deban ser intubados por estar contagiados de coronavirus y para evitar contagios al personal de salud, que se habrían adquirido "a un proveedor no habilitado y a un precio considerablemente superior a los valores del mercado", asegura la denuncia.

De acuerdo a la denuncia que llegó a la Fiscalía de Estado, y por la cual Simón pidió un informe al hospital, ese centro sanitario descentralizado habría adquirido esas cajas "a $24.000 cuando el valor de mercado oscila entre los $7.000 y $9.000". De hecho el organismo de control solicitó una cotización a una empresa proveedora del rubro sanitario y las mismas fueron presupuestadas entre $6.500 y $8.400.

Desde el hospital informaron que el procedimiento de compra se realizó en dos etapas y bajo la modalidad de “contratación directa” con el marco legal que prevé el Art. 144 de la Ley 8.706 y de los Decretos 1.000/15 y 401/20.

"El 3 de abril se solicitó la compra con los oferentes del mercado en ese momento, a través del Departamento de Compras se pidieron los presupuestos y se adquirieron estas 10 cajas a este oferente porque había otro oferente que pedía $30.000 por cada cápsula", contó Roxana Cabrera, directora del hospital Lagomaggiore, quien se puso a disposición de la investigación judicial y de Fiscalía de Estado.

La empresa que las vendió figuraba como proveedor de agua y soda

En el informe que presentaron las autoridades del Lagomaggiore se detalla que la compra se hizo a la empresa CUYUM, pero en la constatación que hizo la Fiscalía de Estado en la Dirección de Compras y Suministros esa firma no sólo estaba inhabilitada por haberse vencido su inscripción en marzo del 2018 y "tampoco se encuentra preinscripta en el Sistema de Compras Electrónicas Comprar Mendoza, recaudo que es exigible para todos los procedimientos de contratación con llamado o publicación a partir del 1 de marzo de este año".

Pero además surgió que cuando la empresa CUYUM pidió su inscripción como proveedor, "lo hizo como empresa proveedora de agua y soda, descartables gastronómicos, artículos de librería y limpieza; no encontrándose  ningún  antecedente referido a la provisión de insumos médicos".

Por tanto, además de la denuncia penal, la Fiscalía de Estado también envió una compulsa a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para su intervención en base a lo normado por la Ley 8.993, y al Tribunal de Cuentas de la Provincia a fin de poner en conocimiento el presente proceso de compra directa efectuado al momento de revisar lo actuado en el presupuesto para el corriente año.

Otra copia se envió a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada con motivo de la pandemia por coronavirus, creada por la Ley 9.220.

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