Las leyes 13.013 y 13.014 que rigen el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, respectivamente, se sancionaron en septiembre de 2009. Recién en mayo de este año la Asamblea Legislativa le dio forma al reglamento para la remoción de los fiscales regionales y el defensor general de la provincia que estaba contemplado en esas normas.
El debut de ese reglamento se está dando en estos momentos con los procesos contra Gabriel Ganón, defensor general de la provincia, y Eladio García, fiscal regional de Reconquista. Estas son las primeras experiencias en procedimientos de este tipo desde que se crearon esos organismos y como todo lo nuevo, hay cuestiones que se interpretan de diferentes maneras entre algunos integrantes de la comisión bicameral de Acuerdo y los acusados.
El miércoles estaban citados Ganón y García a su respectiva audiencia de defensa. El fiscal regional de Reconquista tuvo una descompensación cardíaca y fue internado en un sanatorio de Santa Fe, por lo que volverá a ser citado el miércoles que viene si se recupera.
En tanto, Ganón asistió a su audiencia y comenzó a ejercer su defensa con la lectura de un escrito de más de 80 fojas. El defensor general no permite interrupciones y cada vez que lo cree necesario amplía las argumentaciones que llevó por escrito. Varios miembros de la comisión optaron por no hacer preguntas para no dilatar más la situación. La exposición ya demandó dos cuartos intermedios y la próxima cita será el martes 8, a las 17. Allí se dará la particularidad de que su acusador, el senador radical Lisandro Enrico, no estará presente porque viajará a presenciar las elecciones en los Estados Unidos, pero dejará un escrito con algunas aclaraciones sobre la exposición de su acusado.
Por su parte, la defensa de Ganón ya presentó varias notas pidiendo la nulidad del proceso que se le está realizando debido a que entiende que no garantiza el debido proceso y porque argumenta que Enrico presentó una denuncia y no una acusación, por lo que no se estaría respetando el propio reglamento con el que se lo está juzgando. Pero, además, ahora pidió que se presente una gran cantidad de testigos a declarar ante la comisión bicameral, lo que el acusador y algunos legisladores interpretan como otra maniobra dilatoria.
Cómo juega el tiempo
Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre próximo y esa fecha es la que tendría este proceso como un primer límite. Algunos interpretan que la continuidad del proceso se podría dar en sesiones extraordinarias, otros aseguran que si no concluyó antes, caduca.
La dilación que está teniendo la audiencia de defensa de Ganón empieza a achicar los plazos. Una vez finalizada esta etapa, la comisión de Acuerdo tendrá 10 días para emitir un dictamen recomendando la destitución del funcionario, la suspensión o el archivo del proceso. Luego tiene siete días para llamar a Sesión Conjunta. Por eso cada día que pasa cuenta, y mucho.
Si es que el dictamen llega a esa instancia final, para remover a alguno de los acusados se necesitará que tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados se apruebe la destitución por mayoría simple. Además, Ganón ya advirtió que en caso de ser destituido recurrirá a tribunales internacionales.
El camino hacia el final del proceso iniciado a Ganón -para el caso de García hay que ver cómo evoluciona su salud- parece haber ingresado en un laberinto propio de un camino jamás recorrido. Más allá del resultado de este procedimiento, queda claro que el reglamento muestra algunas lagunas legales que dejan muchas cosas libradas a la interpretación. Será necesario a futuro revisar la redacción del reglamento para que sea una herramienta más clara y precisa que no deje lugar a interpretaciones y dudas sobre la validez del proceso.