La UNCuyo anunció que es la universidad nacional más auditada de todo el país

El proceso está a cargo de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y en principio es sólo interno, pero se termina haciendo también externo cuando los resultados son analizados por las autoridades del país. El dato es fundamental para entender cómo se diferencia la provincia del resto de las universidades. Además, llega en un momento en que todos los centros académicos están bajo la lupa del presidente Javier Milei y de su secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes apuntan a detectar posibles abusos presupuestarios. El debate marcó el pulso de la semana, luego de la marcha multitudinaria que se dio en todas las provincias y que en la nuestra movilizó a entre 30 mil y 60 mil personas.

Según supo este diario, los procesos internos a los que hicieron referencia se despliegan sobre todas las facultades, institutos, secretarías, el propio rectorado, las áreas de salud (en el caso de la provincia, con el elemento distintivo del Hospital Universitario), los colegios y el sistema de medios del Cicunc (Señal "U" y el portal Unidiversidad, fundamentalmente). Los resultados demoran varios días y luego son enviados a la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), que es además el organismo que pone las pautas de ese análisis, diciendo qué y cómo auditar.

Por estos meses esa institución cambió de lugar, ya que históricamente dependió del Ministerio de Educación, pero en esta etapa quedó bajo la órbita de Capital Humano, la cartera de Sandra Petovello.

Ese procedimiento -aunque es cierto que la UNCuyo le lleva la delantera a sus pares en el país- en realidad implica simplemente estar cumpliendo con la ley: concretamente, con la 24.521, que en su artículo 44 dice que "las instituciones deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación, así como sugerir medidas para su mejoramiento".

Esa norma contiene además un detalle que resulta elocuente si se lo pone en contexto mendocino: dice que los otros chequeos -los externos- deberán ser, mínimo, cada seis años. La ley es de 1995, o sea que la Universidad de Cuyo llegará a los 30 que se cumplen el año que viene, con un promedio perfecto: un chequeo financiero por cada sexenio o menos.

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¿Cómo son las auditorías a las universidades nacionales?

En medio de la marea de definiciones que se han dado en los últimos días -algunas ciertas y otras no- lo primero que debe aclararse es que las universidades supuestamente son auditadas por al menos cinco instancias de evaluación. Después, que cada uno de esos pasos se cumpla ya es otro cantar, y en ese sentido es positivo que los poderes del Congreso y la Administración Central busquen mejorar el análisis sobre las cuentas. El procedimiento es así:

El que tiene una de las mayores responsabilidades es el parlamento. Una comisión mixta aprueba el plan anual de auditorías externas, luego de haberlas analizado junto a la comisión de Hacienda y Presupuesto de las dos cámaras. Visto todo aquello, emiten despacho y eso pasa a una votación en el recinto. Eso quiere decir que cada año el Congreso está ocupado de chequear balances.

"El asunto es que cada año les toca a diferentes universidades que el Congreso las controle exhaustivamente, por lo que algunas son auditadas y otras no, dependiendo el ciclo", explicaron desde la UNCuyo. De todos modos, el camino de los chequeos administrativos continúa con la Auditoría General de la Nación (AGN) y -hasta 2022, en que eso fue cambiado- también lo era por la Sindicatura General. En estos momentos se están auditando cinco casas de estudio y la UNCuyo no es una de ellas.

Después hay que contar con el "checking" de los consejos superiores de cada casa de estudios. Estos funcionan en representación de todos los claustros y no sólo revisan, sino que son los que dictan las normas para gestionar los dos aspectos por los que más "sale plata" de los organismos: los ingresos de personal docente y no docente (con concursos públicos) y las compras necesarias para el funcionamiento diario de cada unidad.

Si a eso se agregan los procesos internos ya mencionados, a las universidades las controla el Congreso -con sus comisiones parlamentarias revisoras de cuentas y luego con el voto de los legisladores-, la Auditoría General, los consejos superiores de cada casa de estudios y las auditorías internas. A todo eso se suma el Poder Ejecutivo, aunque varios hayan dicho por estos días que la Casa Rosada no participa para nada en estos trabajos.

Es mentira, porque la Coneau, que es parte de uno de los ministerios del Gabinete, es la que recibe los análisis realizados por los auditores internos y los chequea antes de dar su visto bueno. Eso, además de toda la tarea de contralor que tiene constantemente sobre otros ámbitos, ya que no se dedica meramente a lo financiero sino también a lo curricular.

Ahora bien, el punto esencial de las discusiones no es cómo se analizan los gastos, sino el esbozo de una pregunta: ¿Son suficientes controles? La respuesta es que probablemente no, porque sino no habría tantas denuncias -en algunos casos hasta internas- de despilfarro de dinero y de manejo, por lo menos, "poco cuidadoso" de los fondos. Tanto la política como la sociedad argentina en general están en su derecho de pedir que se analice punto por punto lo que se eroga y lo que no en estas dependencias. Como ocurre -y es sano que pase- en cualquier otro organismo del Estado.

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El martes, cartas sobre la mesa

El próximo martes (30) el Gobierno citó a los rectores de todo el país en un encuentro que puede marcar la relación hacia adelante. Será la primera vez que la gestión Milei los reciba a todos y además será el primer encuentro luego de la movilización de cientos de miles de personas que le reclamaron diversos aspectos al Ejecutivo.

Básicamente, en torno a toda esta discusión hay dos elementos centrales: plata y auditorías. Lo que se aguarda es que los rectores vayan a pedir más de lo primero y los funcionarios del Gobierno, más de lo segundo. En realidad es bastante más complejo: puertas adentro de la gestión la clave de todo es que no terminan de confiar en los controles. Hay funcionarios que aseguran que la AGN es partidaria, porque al fin y al cabo sus miembros son elegidos por los bloques políticos del Congreso. Ese es sólo uno de todos los "tufillos" que creen oler.

La forma en que pretenden sortear esa desconfianza todavía no está clara, pero asoma con fuerza un rumor que nació en Buenos Aires y este viernes llegó a la provincia: que lo que propondrán los funcionarios en el encuentro será sumar una instancia más de revisión. Un organismo técnico y neutral. ¿Cómo cual? ¿Uno nuevo? ¿Se crea otro ente revisor, con la necesidad de más salidas de dinero, y esta vez para controlar precisamente que no se gaste de más?

Nada de eso. En Mendoza creen que la que tiene todos los números es la SIGEN, que -como se dijo- formó parte del engranaje de controles hasta que se modificó durante el gobierno de Alberto Fernández. No habría reparos en que eso vuelva, al menos entre los referentes cuyanos.

A su vez la política, y el varias veces aludido Congreso, también están metiendo la cuchara en los debates que se vienen. Para los próximos días, el senador y presidente de la UCR a nivel nacional, Martín Lousteau, propuso que se convoque a una sesión especial en donde se discuta el nuevo presupuesto universitario. Escuchar el número que propuso suena como una mojada de oreja fenomenal hacia el Ejecutivo: quiere llevarlo a 5.8 billones de pesos.

Es una cifra llamativa, porque excede incluso el 280% de inflación interanual que sufrió el presupuesto universitario 2023 -el que fue reconducido para este año, lo cual es el quid de toda la cuestión-. De hecho, si se aplicara inflación, la cifra debería ser menor: 3.9 billones. Lo que quiere el radical implicaría más que cuadruplicar lo que se dio en el período pasado, que fue 1.3 billones de pesos.

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, por poner un ejemplo, eso implicaría que su presupuesto pase de 26 mil millones de pesos a 116 mil millones. Es una cuenta que tal vez sea en vano sacar, porque no se vislumbra al Ejecutivo queriendo habilitar esa discusión. También asoma un tanto difícil -sino fantasioso- lo que quiere Unión por la Patria: que a las facultades les retrotraigan tarifas al mes de diciembre.

Todo pasará esta semana. Aunque lo único concreto -porque lo otro son peticiones- es el encuentro entre el Gobierno y los rectores. Hasta ahí viajará la titular de la UNCuyo, María Esther Sánchez, y va con buena expectativa. Su vínculo con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ha sido cordial hasta el momento y se sabe que será uno de los que lleven las negociaciones. Con el que no hay mucho feeling en la UNCuyo es con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez: "No ha sido muy educado en su trato".

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¿La gran infraestructura de la UNCuyo empieza a "sobrar"?

Como se comentó bastante en la semana, el presupuesto por el que se quejan las universidades es cercano al 10% de sus gastos totales. El otro 90% (que en algunos casos trepa hasta el 97%) son sueldos y eso no está congelado por el gobierno de Milei. Al contrario, se ha movido y todos los fondos están siendo enviados. Como todos los salarios del país, se incrementa directamente a través de paritarias. Lo que estaba reconducido era el capital para gastos de funcionamiento, pero esta semana llegó una remesa de 360 millones de pesos a Mendoza.

Ese 10% que quedó "frizado" es de aproximadamente 2.600 millones de pesos en la UNCuyo (siempre en números del año pasado). Se usa para pagar todo lo que no sea nómina. Es decir: tizas, pizarras, arreglos, computadoras, televisores, luz, gas, agua, becas, seguridad, obras de mantenimiento y etcétera. Lo que dispusieron Sánchez y el vicerrector, Gabriel Fidel, fue hacer un fondo de ahorro para tener respaldo hacia adelante. Todo, ante la sensación de "no llegar". Eso implicó por ejemplo paralizar obras de infraestructura que estaban pensadas para este año.

Milei "soltó" dinero en estos días. El 70% que se actualizó 24 horas antes de la marcha sirvió y también servirá el otro 70% que llegaría en mayo, según el Rectorado. Ahora bien, más allá de esos desembolsos y de los controles que están siendo rediscutidos, todo el debate abrió preguntas mucho más profundas sobre el funcionamiento de las casas de estudio. Y la Universidad Nacional de Ciuyo también entra en ese espiral de cuestionamientos. Ya no sólo acerca de plata, sino en torno a cómo se acomoda a los cambios de época, sobre todo frente a los avances tecnológicos y los cambios en la forma de impartir conocimiento.

"A veces te encontrás con facultades que están completamente vacías un día de semana a la tarde. Con pasillos fantasmales y aulas en las que no hay un sólo alumno. ¡En un día hábil!", explicaban a Diario UNO. "Y eso es porque los estudiantes están cursando on line, que es algo propio de la época y claramente una consecuencia de lo que nos dejó la pandemia", completaron.

La duda es clara: si se justifica o no tener el portentoso capital edilicio que tiene la universidad. Una infraestructura pensada y ejecutada en el siglo XX, pero inserta en una etapa en la que ya hay universidades que son 100% on line. Es un debate más que válido, sobre todo mientras se analiza cómo abaratar un sistema que, hoy por hoy, sale la misma cantidad de plata que hacer funcionar a una provincia entera durante un año. O más.

Lo que responden desde adentro es que, efectivamente, hay talleres en los que a veces se cursa a distancia. Pero admiten que todavía están muy lejos de pensar en cambios permanentes sobre la presencialidad. De hecho no está en los planes. Lo que quedó postpandemia sí un sistema al que califican de "híbrido": tienen talleres en los que el mecanismo es 3x1: tres días presenciales por uno virtual. "Pero ninguna carrera es totalmente virtual. Sólo pasa en algunas asignaturas y en algunos talleres. Y siempre con al menos tres días de presencialidad", puntualizaron.

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Qué pasa en la UTN: "Nunca nos llegó el 70% de aumento"

El presupuesto de la UTN en Mendoza, que es la universidad nacional de la provincia, es bastante inferior al de la UNCuyo. Aunque también se están quejando de que las cuentas no le cierran para nada. Debe recordarse que la UTN está afincada a nivel país y que lo que funciona en la provincia es una facultad regional. Su decano, José Balacco, dialogó con Diario UNO y dio elementos para entender cómo la perspectiva financiera.

Para empezar, mientras el presupuesto 2023 de la Uncuyo fue de $26 mil millones en 2023, el de toda la UTN en Argentina se acercó a los $49 mil millones. En Mendoza el plan de gastos contempló $2.050 millones anuales aproximadamente y, como le pasó a las otras 64 unidades académicas en todas las provincias, el Ejecutivo pidió que se recondujera el mismo capital del año pasado para hacer frente a los costos del funcionamiento ya en 2024

"Nuestro gasto de funcionamiento es menor y se llevan más de la torta los sueldos. En la UTN Mendoza la proporción es de 96,5% para salarios y de 3,5% para gastos de otro tipo", contó Balacco. "Para que tengan una idea, a nosotros en estos cuatro meses nos han llegado 6.2 millones de pesos desde la Nación. Eso es todo lo que nos han mandado para menesteres de funcionamiento. ¿Y cuánto hemos tenido que abonar? 26 millones aproximadamente", aseguró el decano.

No hace falta ser egresado de alguna de sus cinco carreras de Ingeniería para sacar la cuenta: están 20 millones de pesos en rojo.

O estarían, si no consiguieran fondos propios a través de la oferta académica que tienen y que sí está arancelada. Son algunas licenciaturas y todas las tecnicaturas. Entre otras propuestas, brindan un curso especializado en normas IRAM, carreras vinculadas a equipos electromédicos y un espacio llamado Laboratorio de análisis del Agua y Suelo. Con lo que entra de esa demanda ayudan a afrontar los gastos, pero no es suficiente para un funcionamiento como el que han tenido años anteriores.

"Ese 70% de aumentos (que sí recibieron en la UNCuyo) a nosotros aún no nos ha llegado en Mendoza. Quizás en el rectorado a nivel nacional sí, pero acá aún no impacta. De todos modos, si uno saca ese 70% de suba para lo administrativo, a mí me da como resultado 4 millones de pesos. Serían 4 millones ahora y otros 4 en mayo. Claramente no es una cifra suficiente", apuntó.

Por último, la Universidad Tecnológica Nacional también se somete a controles y auditorías. Tienen personal no docente de planta que está directamente ubicado en un área financiera, de acuerdo a lo que explicaron. Y todos los años se hace un balance económico que se envía al rectorado. "En Buenos Aires, un contador de la SIGEN está apostado permanentemente en el rectorado. En los últimos años, acá en Mendoza, nos han pedido algunos informes también", cerró el decano.

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