La titular del organismo que regula tierras fiscales aseguró que su eje será la transparencia

Rapali dice que quiere resolverlo y lo ilustra así: “Las acciones sobre tierras fiscales, por ejemplo, son abordadas por separado en función del ordenamiento territorial y el impacto en el ambiente. Ahí es donde queremos vincular esos temas que muchas veces se encaran de forma aislada. Optimizar recursos materiales y humanos”.

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Es inevitable tocar en un momento el tema de las idas y vueltas en relación a El Azufre -un proyecto turístico al que el gobernador Rodolfo Suarez decidió asignar 12.000 hectáreas en Malargüe-.

En ese sentido, Rapali aclara que "esa iniciativa nunca pasó por Ambiente, sino que fue abordada directamente desde el Ministerio de Gobierno por estar los terrenos en una zona fronteriza", por lo que la funcionaria niega cualquier relación entre esa polémica y la creación del ente que dirige.

Decisiones

La geógrafa admite que la provincia necesita actualizar sus métodos a la hora de catalogar y gestionar las propiedades. No está del todo claro, por ejemplo, cuántas son las tierras fiscales y en qué condiciones se encuentran.

Rapali define: "Uno de mis objetivos es que antes de que termine esta gestión hayamos podido no sólo identificarlas y registrarlas, sino también determinar el estado de situación de estos bienes que pertenecen a la provincia, es decir, a todos los mendocinos".

"La idea es armar un sistema de información geográfica y contable lo más transparente posible para que, a largo plazo, Mendoza vaya tomando decisiones de fondo", anticipa. Y argumenta: "Hoy estamos pasando por una serie de cambios tecnológicos que modifican la forma en que los estados administran sus recursos".

El cambio es importante porque tras cada demora hay familias sumidas en la incertidumbre. En esa dirección, la funcionaria recuerda que hay tierras en Las Heras, General Alvear, San Rafael o Malargüe que están en trámite de escrituración, con pobladores que esperan desde hace años que se agilice el engorroso papeleo.

"No se trata de regalar tierras fiscales"

"No es regalar la tierra. La ley nos permite que las personas paguen por los terrenos de acuerdo a su condición socioeconómica. Pero a la vez interpreta que las familias necesitan regularizar su situación para estar tranquilas", detalla Rapali.

La legislación -por ejemplo, la Ley 4711- contempla la posibilidad de establecer planes de colonización que expandan la zona productiva. "Y lo mismo pasa con las normas destinadas a regularizar a los puesteros. Muchas de las problemáticas que tenemos están contempladas en nuestras leyes, por eso la meta es aplicarlas: ir resolviendo todos esos temas de forma legal".

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Rapali dice que uno de los mitos entre los mendocinos consiste en creer que los terrenos de montaña son todos públicos. "Y no es así. A veces, incluso, su demarcación está más clara que en la Ciudad", explica.

Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

-Se suele hablar de las tierras ocupadas por gente pobre, pero también parece haber ciertas deudas a la hora de controlar lo que hacen otros privados.

-Hace mucho tiempo, las cosas se hacían de otra manera porque no contábamos con las tecnologías que tenemos hoy. Hoy contamos con imágenes satelitales y toda otra serie de recursos para cumplir con esas deudas históricas. A la vez, hay ciertos mitos en Mendoza. Uno es pensar que la montaña es pública...

-¿Cómo es eso?

-Suele pensarse que los campos que están sobre la cordillera son propiedad pública, pero lo cierto es que un montón de tierras en esa zona tienen dueño y muchas veces es más clara su situación jurídica que la de sectores cercanos a la Ciudad.

-¿El legal planear un proyecto económico en tierras fiscales?

-La Ley de tierras fiscales prevé que si vos tenés un proyecto económico lo presentes a las autoridades. El Estado puede entender que entre la opción de que la zona esté vacía y el potencial de que exista un emprendimiento es mejor optar por el segundo escenario. O sea que sí, se pueden presentar proyectos productivos. En esos casos se evalúa un precio, se ve que no haya otros intereses sobre esas tierras y se analiza la propuesta.

-¿En cualquier parte de puede hacer eso?

-No. La provincia tiene bienes de dominio público y de dominio privado. Las tierras que son de dominio privado son las que pueden ceder. El Parque General San Martín, por ejemplo, es de dominio público, no se puede ceder a nadie.

Entre los "dolores de cabeza" que le esperan a Rapali está el espacio gris que media entre las jurisdicciones provinciales y las municipales. Según ella, la normativa es clara respecto a las responsabilidades de cada ámbito. Sin embargo se producen conflictos: si los efectos ambientales de un emprendimiento turístico no son controlados por su municipio, ¿debe intervenir la Provincia? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer?

Son interrogantes que se responderán en la práctica y en función de la impronta que aplique Rapali al ente que comanda.

* Nadia Rapali es geógrafa y parte de su formación de vincula a las políticas de ordenamiento territorial. Está por terminar una maestría en Políticas Públicas y da clases en la Universidad Nacional de Cuyo.