Un grupo de diputados nacionales presentó un amparo judicial contra el DNU 941/2025, firmado por el Poder Ejecutivo, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Según los legisladores, el decreto introduce cambios que afectan el equilibrio institucional y habilitan un mayor margen de acción del organismo sin el debido control parlamentario.
Polémica
La oposición llevó a la Justicia un amparo para frenar el DNU que amplía las atribuciones de la SIDE.
DNU en la mira: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al peronista Esteban Paulón, pidieron a la Justicia que declare inconstitucional el decreto.
Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica.
El DNU modifica competencias vinculadas a tareas de inteligencia, acceso a información y estructura interna del organismo, lo que generó cuestionamientos por el alcance de las atribuciones otorgadas mediante un decreto y no a través del Congreso.
Los argumentos del amparo
En el recurso judicial, los diputados sostienen que el decreto vulnera principios constitucionales básicos. Plantean que la ampliación de facultades de la SIDE debería ser debatida en el ámbito legislativo y no resuelta de forma unilateral por el Ejecutivo.
Entre los principales cuestionamientos, advierten sobre el riesgo para el derecho a la privacidad y la necesidad de preservar mecanismos de control democrático sobre los organismos de inteligencia. También señalan que el uso de un DNU en este contexto podría exceder los límites previstos por la Constitución.
Quiénes impulsan la presentación
El amparo fue presentado por legisladores de distintos bloques políticos, que coincidieron en que la medida sienta un precedente delicado en materia institucional. Aclararon que no se oponen al funcionamiento de los servicios de inteligencia, pero sí a la forma en que se amplían sus atribuciones sin debate parlamentario.
Los firmantes -entre ellos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica y Esteban Paulón, del peronismo- remarcaron que la inteligencia estatal debe funcionar dentro de un marco legal claro, con controles y límites definidos por el Congreso.
Desde sectores alineados con el gobierno defendieron el DNU 941/2025 como una herramienta necesaria para fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas actuales, como el crimen organizado y los delitos complejos. Argumentaron que la norma busca dotar a la SIDE de mayor agilidad operativa.
No obstante, reconocen que el tema genera tensiones institucionales y que será la Justicia la que defina la validez del decreto.
Qué puede definir la Justicia
Con el amparo presentado, el Poder Judicial deberá evaluar si el DNU 941/2025 se ajusta a la Constitución y si corresponde suspender su aplicación. El caso podría convertirse en un antecedente relevante sobre el uso de decretos para modificar el funcionamiento de organismos sensibles del Estado.
El planteo judicial contra el DNU 941/2025 abre un nuevo debate sobre los límites del poder ejecutivo y el rol del Congreso en el control de los organismos de inteligencia, en un contexto donde la seguridad y las libertades individuales vuelven a estar en el centro de la discusión pública.
Temas relacionados:
las más leídas
Lo que se lee ahora