El Estado argentino sumó este lunes otro avance en la causa por YPF, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejara en suspenso todas las apelaciones vinculadas conm caso YPF.
La Justicia de EE.UU. frenó todas las apelaciones en el juicio por YPF hasta que la sentencia quede firme
Fue una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. En principio, la medida favorece a la postura argentina
Otra buena noticia recibió Argentina de la justicia estadounidense por el caso YPF.
Foto: El CronistaDe este modo tomó cuerpo el fallo favorable a la Argentina y puso en retirada al fondo británico Burford Capital.
El tribunal también canceló la audiencia que estaba prevista para el jueves 16 de abril, cuando se iban a tratar esos recursos.
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El juicio por la estatización de YPF
La medida dispuestas por la Cámara de Apelaciones es consecuente con la decisión previa del tribunal de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de U$S16.000 millones tras el juicio iniciado por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.
Un informe publicado por El Cronista dice que entre las apelaciones suspendidas se encontraba la presentada por la propia Argentina contra una orden de la jueza Loretta Preska. Esa orden obligaba al país a entregar acciones de YPF a los acreedores, una exigencia que quedó en pausa tras esta nueva disposición del tribunal.
El fallo quedará firme una vez que se resuelvan los dos recursos que aún puede intentar Burford Capital fondo británico. Este ya solicitó una extensión del plazo hasta el 8 de mayo para preparar su pedido de revisión.
En una resolución que sacudió los mercados globales y provocó gran euforia en la Casa Rosada, el 27 de marzo la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares (cifra que con intereses ya rozaba los U$S18.000 millones) por la expropiación de YPF.
El tribunal de alzada consideró que la jueza Loretta Preska incurrió en una interpretación errónea del derecho local argentino al considerar que el Estado nacional había actuado como un inversor privado.
Con este fallo, la Argentina logró revertir la mayor condena financiera de su historia en tribunales extranjeros.
También el kirchnerismo celebró ese fallo con una inbterpretación distinta a la del gobierno nacional que se adjudicó los méritos de la decisión judicial estadounidense.
El origen del conflicto
La génesis de esta batalla judicial se remonta a 1993, durante la privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem.
En aquel entonces, para atraer inversores, se redactó un estatuto social que protegía a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que tomara más del 51% de las acciones debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de los socios, pagando un precio fijo por fórmula.
Sin embargo, en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner, el Congreso sancionó la Ley 26.741 de expropiación. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, argumentó que el "orden público" de una ley nacional prevalecía sobre un estatuto privado. Así, se tomó el control del 51% de las acciones (mayormente de Repsol) sin realizar la oferta obligatoria a los minoritarios, quienes se quedaron con papeles que perdieron gran parte de su valor de mercado.
En 2015, el fondo Burford Capital compró por apenas 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España tras el default provocado por la falta de dividendos de YPF.
Burford, junto a Eton Park, demandó al país en Nueva York alegando incumplimiento de contrato.
Tras años de disputa por la jurisdicción, en marzo de 2023 la jueza Preska falló contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la empresa YPF S.A. pero cargando la deuda total sobre el Estado.
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