El juez federal Sebastián Casanello ordenó en la madrugada de este viernes 15 allanamientos en el marco de una investigación por supuestos pedidos de coimas a laboratorios, que tiene en la mira a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y muy cercano al presidente Javier Milei.
La Justicia allanó la Agencia de Discapacidad y una reconocida droguería: hallaron sobres con dólares
El juez Sebastián Casanello dispuso los allanamientos en la causa que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad
La causa es impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien participó de los procedimientos, y se fortaleció luego de la difusión de audios en los que Spagnuolo aparece comprometido junto a Daniel Garbinelli, director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. En esos registros también se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y figura clave del oficialismo.
Los allanamientos se realizaron en la sede central de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en una docena de domicilios particulares, incluidos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica, según consigna Noticias Argentinas.
Secuestraron documentación y dispositivos electrónicos
Durante los operativos, las fuerzas federales secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y material considerado de interés para la investigación. Sin embargo, no se concretó la incautación de los teléfonos celulares de Spagnuolo, quien no se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento y se desconoce su ubicación actual.
Fuentes judiciales señalaron que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Confirmaron además que en el vehículo de un directivo de la droguería se hallaron sobres con dólares y que, aunque se intenta ubicar a Spagnuolo, por el momento no pesa ningún pedido de detención.
La denuncia contra el exfuncionario y la droguería había sido presentada hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia intenta determinar si existió un esquema de retornos ilegales a cambio de habilitaciones para compras o contrataciones estatales.
Fuente: Noticias Argentinas





