La CGT en su úlitma marcha, donde logró una gran convocatoria en contra de la reforma laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió la vigencia del protocolo antipiquetes y consideró que la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden las facultades del Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera sostuvo: “La CGT celebra el fallo del juez Martín Cormick que deja sin efecto la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad. Se cae una herramienta de criminalización de la protesta. Defendemos la libre expresión y los derechos democráticos: en la calle, en la Justicia y en el Congreso”.
En ese marco, el sindicalismo remarcó que la decisión judicial fue consecuencia de una acción de amparo presentada por organizaciones sindicales y de derechos humanos, y reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Además, advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos institucionales disponibles.
Comunicado CGT
El gobierno apelará el fallo
En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno nacional apelará la resolución judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes, impulsado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, afirmó la funcionaria en su cuenta de X, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Monteoliva aseguró que el Ejecutivo no dará marcha atrás y ratificó la decisión de recurrir el fallo: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.
“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, agregó.
La última marcha de la CGT contra la reforma laboral.
Dos años del protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a intervenir de manera inmediata ante cortes de calles o vías de circulación vehicular, bajo la premisa de que se trataba de delitos cometidos en flagrancia.
En los fundamentos de su decisión, Cormick sostuvo que la protesta social no puede ser equiparada automáticamente a un delito penal que justifique una intervención represiva sin orden judicial previa.
La sentencia devuelve al ámbito del Poder Judicial -y no al del Poder Ejecutivo ni al de las fuerzas de seguridad- la facultad de decidir sobre la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El magistrado también cuestionó las denominadas “tareas de inteligencia” previstas en el protocolo, al considerar que vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe al Estado recolectar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o por su pertenencia a organizaciones.
Además, advirtió que la normativa no establecía distinciones en el accionar represivo frente a manifestantes pertenecientes a grupos vulnerables -como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad- que requieren una protección especial, y objetó el uso de registros fotográficos y fílmicos para la identificación de quienes participan de las protestas.
