De acuerdo a los registros que figuran en el expediente judicial, Munives y su pareja abordaron la aeronave el 17 de enero último, al cierre de la expedición al cerro Aconcagua que determinó el despido de quien fuera Director General de Policías durante las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.
El fiscal Juan Ticheli, de Delitos No Especializados, estuvo a cargo de reunir la documentación necesaria para analizar la presunta comisión de delitos.
En esa etapa también advirtió que ambos serían responsables de otro delito, distinto, como el de falsedad ideológica, a raíz de la presentación de una declaración jurada sanitaria donde la abogada daba cuenta de estar vacunada contra el Covid cuando en verdad ella admitió a Diario UNO, que no había recibido ninguna dosis.
De 1 a 6 años deberán purgar quienes cometan este delito, según el Código Penal.
La declaración jurada que también forma parte del expediente administrativo conformado por la cartera de Ambiente y Ordenamiento Territorial está fechada el 4 de enero.
Delitos No Especializados declina seguir adelante con la causa porque advirtió que el peculado por servicios es un delito propio de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que, de acuerdo a los criterios procesales vigentes, debería quedar a cargo de esa investigación y también de la pesquisa por falsedad ideológica.
Esta concentración es para evitar la dispersión de expedientes que tienen como sospechosos a las mismas personas. Para hacer una pesquisa global.
Sin embargo, la ley de Ministerio Público establece que previamente debe hacerse este recorrido, que comienza con la determinación de delitos, la declinación en caso de tratarse de un delito ya determinado y el análisis de parte de la fiscalía que finalmente debería tomar el caso, como Delitos Económicos en este caso.
Esta Unidad Fiscal es conducida por Javier Pascua y cuenta entre sus filas a los fiscales investigadores Susana Muscianisi, Flavio D`Amore, Hernán Ríos Ruiz y Santiago Garay.
En Delitos Económicos se instruyen causas que tienen como investigados a ciudadanos comunes por estafas y fraudes y también a funcionarios y ex funcionarios. Entre estos últimos, Luis Lobos y Paco Pérez.
