En los últimos días el debate sobre qué hacer con la Justicia ocupó gran parte del escenario político. Hablaron todas y todos. El problema es que todo lo que se dijo se metió en una misma bolsa y en realidad iban en bolsas separadas. El resultado, una gran ensalada.

Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema

“Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial, en la medida que lo permita nuestra Constitución” “Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial, en la medida que lo permita nuestra Constitución”

“Hay que hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos” “Hay que hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos”

Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema

Lo que Zaffaroni plantea es una reforma integral de todas las instituciones, entre ellas la Justicia. No es algo nuevo. Solo que ahora lo observa concretamente en los juicios de corrupción K, que asegura que están sospechados por irregularidades. Y que entonces hay dos alternativas: pagar indemnizaciones, vivir con sospechas, esperar condenas y juicios onerosos en el exterior o directamente hacer una gran reforma y solucionarlos puertas adentro.

Zaffaroni, dicen los que circulan por las aulas de la Facultad de Derecho de la UBA, que documentó sus ideas hace muchos años en un libro llamado Estructuras Judiciales. Ese texto subyace en todas sus intervenciones.

Alberto Fernández, precandidato a vicepresidente

“Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Germignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno” “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Germignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”

“Voy a exigirle a los jueces que actúen dignamente” “Voy a exigirle a los jueces que actúen dignamente”

Alberto Fernández, precandidato a vicepresidente

Fernández se está pronunciando sobre algunos fallos contra la expresidenta Cristina Kirchner, su familia y algunos de sus funcionarios, a su criterio injustos. Guste más o guste menos es tan solo una crítica que se inscribe en una sospecha general que envuelve a la Justicia.

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Por otra parte, hay algunos comentarios completamente desafortunados que no representan la propuesta del espacio Frente de Todos. Estos son principalmente dos.

1. Francisco Paco Durañona, intendente K

“Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional y, desde el 11 de diciembre, desde el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte”

Hasta aquí es tan solo una propuesta. Al menos discutible. El problema es lo que dice a continuación, que ilustra su idea de “la Justicia como un botín a disputar” en vez de un Poder independiente. Y para colmo de males, habla de que sus militantes en la Justicia solo deben defender los intereses “de los suyos”. Un horror. Supone la renuncia a una Justicia autónoma.

“Los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. No acomplejados que cuando llega el momento o la hora de jubilarse, se vayan y abandonen el cargo. Los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular”.

Esta aseveración desconoce por completo el propio diseño de la Constitución que supone una distribución del ejercicio del poder político en tres poderes, precisamente, para evitar estas tentaciones que no son nuevas. Ya los padres fundadores de Estados Unidos alertaban en “El Federalista” sobre la importancia de estos límites.

2. Mempo Giardinelli, escritor

Propuso “eliminar” el Poder Judicial para crear un “servicio o sistema de Justicia”.

La idea es compleja. La Justicia es un servicio, pero es un servicio de la República que se justifica en una decisión de los ciudadanos que tomaron cuando decidieron vivir en sociedad y para los ciudadanos. En ese sentido, la Justicia es un servicio público pero que de acuerdo a la Constitución está estructurado como un poder autónomo.

En este contexto, los supremos salieron a marcar su posición. Sus argumentos fueron obviedades: hay que cumplir la ley.

1.Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema

“Estas propuestas sin duda son inconstitucionales y antirepublicanas. Pero también son profundamente irrazonables” “Estas propuestas sin duda son inconstitucionales y antirepublicanas. Pero también son profundamente irrazonables”

“La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre juzgar y militar, entre aplicar el derecho y hacer política” “La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre juzgar y militar, entre aplicar el derecho y hacer política”

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte

2. Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema

“Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución nacional y, afortunadamente, no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales” “Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución nacional y, afortunadamente, no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales”

Horacio Rossati, juez de la Corte

3. Por su parte, Ricardo Lorenzetti expresó a través de los medios que piensa exactamente lo mismo que sus pares de la Corte.

¿Son comparables las críticas de Zaffaroni y Alberto Fernández con las de Mempo Giardinelli Paco Durañona y con las de la Corte Suprema?  ¿O son acaso tres cosas distintas? ¿Por qué?

Lamentablemente, el debate en la Argentina es muy pobre y se limita a descalificaciones recíprocas que, además, se ciñen a discutir quién es peor. Aún en ese reducido espacio no deja de ser saludable que la cuestión judicial se extienda a un debate que pase los edificios de los tribunales y de la academia.

Sin embargo, en las últimas horas la resolución de la Corte Suprema que regula el uso de las escuchas telefónicas en las causas judiciales fue un salto de distinción en la discusión de cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Los supremos recuperan la doctrina de los casos Quaranta y Halabi en los que la Corte dijo que el derecho a la intimidad tiene una protección muy fuerte. Le dicen a los jueces que tienen que elegir a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como auxiliar en casos excepcionales. Les recuerdan que invadir la intimidad es posible solo en casos muy determinados y con un objeto específico.

Es decir, no se puede escuchar todo, sino que tienen que editar solo los segmentos que sirven para el objeto del proceso. La Corte envía un mensaje muy fuerte para los jueces que pinchan teléfonos porque les dicen que es una medida excepcional. A punto tal que les recuerdan que lo que tienen en sus manos es secreto. Es interesante, además, cómo instan a que usen la tecnología para proteger las comunicaciones.

Además, abren el juego al Congreso y al Consejo de la Magistratura para que también reglamenten cómo se tiene que trabajar y vigilen el comportamiento de la AFI. Están reduciendo la posibilidad de los jueces de usar la frecuente discrecionalidad de los magistrados. 

En fin, en medio de tanta oscuridad y de debates pobres, la Corte tuvo una decisión saludable. 

Ninguna sociedad puede vivir razonablemente bien sin una institución que resuelva sus problemas de un modo imparcial. Esa es la verdadera discusión y, con muchos altibajos, todo parece indicar que hacia allí vamos.