Por eso sostiene Difonso que es necesario anticiparse a estas situaciones y evitar que ocurran casos similares a los de la provincia de Buenos Aires.
En declaraciones efectuadas la programa Séptimo Día que se emite por El Siete, el legislador remarcó: "El Estado de Mendoza se pone a la vanguardia en esta problemática. Lo que buscamos es una sanción social. Planteamos la quita de cualquier tipo de refinanciaciones fiscales o créditos a las personas físicas o jurídicas que pueden servirse de una situación de usurpación. Y también establecemos que las personas que hagan una usurpación no puedan ser incluidas en operatorias del IPV. Hay familias que hacen todos los trámites legales y son postergados por este tipo de incidentes que muchas veces van acompañados por violencia y por engaños".
El legislador de San Carlos detalló en Séptimo Día que en Mendoza se han registrado cerca de 50 intentos de tomas en todas las regiones de Mendoza. "La movilidad de estas acciones tiene dos ejes: el político, porque las tomas están coordinadas por dirigentes políticos; y en otras, hay una especulación económica porque el mismo lote se vende o se alquila", finalizó.
El proyecto podría ser tratado el martes y convertido en Ley.