El gobierno del presidente Javier Milei eliminó la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), a través del Decreto 538/2025 que se publicó este martes 5 de agosto en el Boletín Oficial de Nación.
El ANMAT y el SENASA tendrán las funciones de hacer actualizaciones en el Código Alimentario Argentino.
El órgano participaba del control de los alimentos junto con el Servicio de Sanidad y Calidad Animal (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Bajo el argumento de la modernización de estos entes es que se elimina el CONAL. A principios de julio se degradaron organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
"Con el propósito de tornar más eficiente la gestión administrativa al respecto, se estima necesario modificar el citado Decreto N° 815/99 con el objeto de simplificar los procesos para la actualización de las normas del Código Alimentario Argentino (CAA) y para el Control de Alimentos", se afirma en el Decreto.
Y agrega: "Que la dinámica actual de la producción, industrialización y comercio de alimentos exige mecanismos de respuesta más ágiles y directos, que pueden verse innecesariamente ralentizados por la intermediación de un cuerpo colegiado de carácter asesor como la Comisión Nacional de Alimentos".
La motosierra pasó por el órgano que controla los alimentos
A partir de ahora, cada vez que se solicite una autorización para ingresar un nuevo alimento al Código Alimentario Argentino no pasará por el órgano consultivo, sino directamente por el SENASA y la ANMAT.
La norma también hace referencia al uso de la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos (hoy SIFEGA) a cargo de la ANMAT, actualizada a diario por los organismos participantes, mejorando la trazabilidad, el registro de productos, la vigilancia permanente y el monitoreo de infracciones.
Por último, se manifiesta en el Decreto que "en el marco del procedimiento de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), las autoridades intervinientes podrán solicitar asesoramiento de expertos, a los efectos del mejor cumplimiento de las funciones asignadas por el presente decreto. En tal caso, los expertos tendrán un plazo máximo de quince días hábiles administrativos para presentar sus informes desde el acto de designación".