Celso Jaque, ex gobernador del peronismo, suscribió una carta cuestionando la politización del Poder Judicial, a partir de la condena a Cristina Kirchner
Cristina Kirchner ya no puede salir al balcón.
Celso Jaque, intendente de Malargüe y ex gobernador del peronismo en Mendoza, dejó una carta en sus redes sociales exponiendo la “politización del Poder Judicial” a partir de la condena de Cristina Kirchner.
Jaque habló de “doble vara”, de “una estrategia de proscripción política” y de una persecución con saña aunque evitó dejar sentada su posición respecto de la inocencia o la culpabilidad de la líder del Partido Justicialista.
La palabra de Jaque llegó poco después de la confirmación de la prisión domiciliaria a Cristina. Antes, se habían pronunciado Flor Destéfanis y Fernando Ubieta. Del resto, ni noticias.
“Una condena que desnuda al sistema: cuando la Justicia se vuelve política”, se titula el documento firmado por el intendente malargüino, que fue publicado en sus redes sociales el mismo día en que se conoció que la Justicia le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.
En su exposición, Jaque, que fue embajador durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, aseguró que la reciente condena de la Corte Suprema “no solo marca un hito judicial, sino que también expone con crudeza una de las grietas más profundas del sistema democrático argentino: la politización del Poder Judicial”.
Para él, el fallo que ratificó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad “parece responder a una estrategia de proscripción política y no a una búsqueda real de justicia”.
Celso Jaque puntualizó que “la rapidez con la que se resolvió el recurso extraordinario, el contexto electoral y la falta de imparcialidad percibida en los jueces involucrados alimentan la sospecha de que no se trató de un proceso judicial, sino de una jugada política con toga”.
Y que ese escenario no es más que una amenaza para la democracia.
“La condena a Cristina Kirchner, más allá de su culpabilidad o inocencia, se inscribe en una lógica de ‘doble vara’ que muchos ciudadanos perciben: algunos dirigentes son perseguidos con saña, mientras otros gozan de impunidad”, analizó el ex gobernador de Mendoza.
“Necesitamos una Justicia que no sea funcional al poder político u a otros intereses que no sean el de impartir justicia, sino que actúe con independencia, transparencia y equidad. Porque la Justicia debe ser un pilar de la democracia, no un instrumento de poder político”, firmó Celso Jaque.
Poco y nada de actividad se vio en estos días en las redes sociales de los intendentes peronistas de Mendoza. Mucho menos, relativo a la condena y prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, participó de la protesta en los Tribunales Federales la semana pasada y por redes se limitó a dar su apoyo a la ex presidenta tras el comunicado oficial del Partido Justicialista: “En el contexto del anuncio de una candidatura de CFK, surge rápidamente el uso electoral de la justicia que pone en riesgo el respeto por las instituciones y la democracia en nuestro país. Mi apoyo incondicional a Cristina Kirchner”.
Fernando Ubieta, de La Paz, participó de un programa de streaming peronista en el que reafirmó que se están “sobrepasando límites de la democracia”.
Antes, se había expresado tras el fallo de la Corte: "Con esta acción se traspasa un límite que pone en juego la institucionalidad y la democracia. Se está usando la justicia para sacar del juego electoral a la principal figura de la oposición. Lo que no entienden es que el poder de Cristina está en el pueblo”.
Después de eso, en redes no hubo más pronunciamientos.
Omar Félix, en tanto, se expresó la semana pasada en la sede del PJ de San Rafael luego de que la Corte rechazara el recurso extraordinario dejando firme la condena de seis años a Cristina.
En ese momento, Félix afirmó que "más allá de las diferencias que podamos tener entre peronistas, este fallo da lástima en todo sentido" y señaló con énfasis que medió lawfare como sucedió con Lula Da Silva en Brasil o con Evo Morales en Bolivia.
Matías Stevanato (Maipú), Emir Andraos (Tunuyán) y Edgardo González (Lavalle) prefirieron el silencio en sus perfiles sociales tras la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner.