Imputaron a 17 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad contra niños y adolescentes

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Delitos contra niños, niñas y adolescentes

Casi todos los imputados en esta causa ya fueron juzgados y/o condenados en procesos en los que fueron detenidos, asesinados o desaparecidos los padres y/o madres de las actuales víctimas. En Mendoza ya hubo 12 juicios de lesa humanidad y está en curso el número 13.

En este caso interviene el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, junto con los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar.

Entre los acusados se encuentran los ex miembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar Zurita, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Omar Pedro Venturino Amaker, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.

También fueron imputados Hugo Luis Zalazar Campos, del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército Argentino, y Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, pertenecientes a la IV Brigada Aérea.

Quedaron fuera de la acusación otras siete personas, entre ellos tres fallecidas, una por incapacidad sobreviviente y otras tres porque fueron absueltas en otro proceso por los hechos por los que resultaron asesinados o desaparecidos los padres de las víctimas de esta causa.

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Los delitos que afectaron a las infancias

En su requerimiento, Vega, Rodríguez Infante y Quintar clasificaron los hechos denunciados en cinco categorías distintas, informó el sitio Fiscales.gob:

• Delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes que permanecieron a disposición del aparato represivo luego de los operativos llevados a cabo contra sus progenitores. Feron retenidos tras el secuestro de sus padres hasta ser entregados a familiares o institucionalizados, o fueron conducidos al D 2 junto a sus madres. Estas privaciones de libertad implicaron, además, la exposición a tormentos psicológicos y físicos. Entre los casos enumerados se encuentran el de un bebé de siete meses que fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos en condiciones deplorables y con secuelas físicas evidentes, y otro de diez meses, que permaneció un mes en poder de un comisario para ser utilizado como "cebo" para capturar a su padre, hasta ser rescatado por sus abuelos en un estado de abandono.
• Delitos perpetrados durante los operativos: hechos padecidos por quienes estaban presentes durante los procedimientos contra sus padres y que sufrieron privaciones de libertad temporales, aislamiento, encierro o violencia directa. La violencia de los operativos, con gritos, armas, golpes y amenazas, generó un impacto psicológico severo en laas víctimas, configurando tormentos. Entre los ejemplos se hallan el de dos hermanos de 4 y 6 años, que fueron encerrados con la boca tapada con cinta durante el secuestro de sus padres, hasta ser encontrados por una vecina, otros dos hermanos que permanecieron llorando durante horas en la vereda de la casa donde se realizaba un operativo, impidiéndose que sus vecinos pudieran auxiliarles, o el de una niña que fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo, entre muchos otros.
• Niños y niñas abandonados a su suerte: durante los secuestros de sus padres o madres, algunos bebés o niños y niñas de corta edad fueron dejados en situaciones de desamparo, sin cuidado o protección, configurando el delito de abandono de persona.
• Acciones de violencia: en algunos casos, fueron objeto de violencia directa, como agresiones físicas, amenazas con armas o interrogatorios, a menudo para presionar a sus padres. Estas acciones buscaban infligir sufrimiento directo a los menores de edad o utilizarlos como herramientas de coacción contra sus progenitores. Entre estos casos, se encuentran múltiples hechos como el de un niño de 3 años al que le pusieron un arma en la cabeza frente a su padre; una niña de 5 años, apuntada y obligada a entregar la llave de su casa que su madre le había encomendado o un adolescente al que se le introdujo incluso un arma en la boca. Hay otros casos que fueron parte de procesos previos, como el de una bebé de quince días que fue privada de alimento junto a su madre en el D 2, quien no podía amamantarla adecuadamente, o el de una niña que, con 5 años, no sólo fue mantenida en un centro clandestino de detención, sino que fue además obligada a presenciar las torturas infligidas a su padre.
• Delitos vinculados contra la identidad: incluyen la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años, y la alteración de su estado civil, a menudo mediante falsedad ideológica. Se incluye el caso de una niña que, pese a conocerse fehacientemente su identidad, fue remitida por el D 2 como “N/N” a la Casa Cuna, situación en la que permaneció hasta que su familia pudo recuperarla.

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Las calificaciones legales

De acuerdo al Código Penal vigente al momento de los hechos denunciados, los 7 delitos por los que se solicita la imputación de los acusados incluyen hechos de:

• Privación abusiva de la libertad
• Imposición de tormentos agravados
• Abandono de persona
• Coacción
• Y tres figuras vinculadas con los casos de sustitución de identidad: sustracción, retención u ocultamiento de menores; alteración del estado civil; y falsedad ideológica

Fuentes: fiscales