Bajo un importante operativo policial, las cámaras de diputados y de senadores de Mendoza se aprestan a aprobar las modificaciones de la Ley 7.722 y permitir el uso del cianuro en actividades metalíferas en dónde haya consenso social.
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El proyecto comenzó poco después de las 8.30 en el Senado y está previsto que a las 14 lo haga en diputados.
Teniendo en cuenta los conflictos que puede haber durante o después de la aprobación de las modificaciones, más el antecedente de hace unos días cuando los legisladores y empleados de la Casa de las Leyes no pudieron salir es que el ministerio de Seguridad decidió realizar un importante operativo de seguridad.
Para eso trabajarán más de 200 policías. Además se dispuso un vallado alrededor de la Legislatura en donde se dispuso un sector para todos los manifestantes a favor de la reforma y otro sector para los que están en contra. La idea es que ambos sectores no se mezclen y así poder evitar algún roce.
A raíz de esto también se ha cortado el tránsito en calle Patricias Mendocinas.
Qué cambios tiene el proyecto
El peronismo y Cambia Mendoza acordaron cómo quedará el proyecto para modificar la Ley 7.722 que se votará este viernes.
Entre los puntos principales del despacho final sobresale el artículo 1 que acota la prohibición de sustancias a usarse a solamente el mercurio.
Asimismo establece que el control de la actividad minera se realizará a través de las siguientes leyes nacionales: 25.675 (Ley Nacional de Ambiente), 24.585 (Ley de Actividad Minera) y Ley Nacional 26.639 (Preservación de Glaciares). También de las leyes provinciales de Preservación del Medioambiente (5.961), Residuos Peligrosos (5.917), Ordenamiento Territorial (8.999) y Plan de Ordenamiento Territorial (8.051) ley provincial 6.045 (Protección de Áreas Naturales). Y de los artículos constitucionales 124 ( Constitución Nacional) y artículo 1 (Constitución Provincial).
En cuanto a la utilización de sustancias, quedará reducida a la cantidad permitida en la República Argentina.
Asimismo, en su artículo 3 se establece que los proyectos mineros deberán presentar en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) informes del Departamento General de Irrigación, informes sectoriales municipales, del IANIGLA y manifestación específica de Impacto Ambiental sobre los recursos hídricos.
En el cuarto artículo se incorpora uno de los pedidos del PJ: la participación ciudadana en el control ambiental se dará por la Red de Vigilancia Ambiental.
También prevé que el organismo de aplicación sea la Secretaría de Ambiente que deberá implementar la Policía Ambiental. Este fue otro de los pedidos del justicialismo. Se establece también que las audiencias públicas las harán los municipios.
Finalmente se obliga a las mineras a contratar un seguro ambiental a favor de la provincia y mano de obra local y se ordena que los proyectos mineros a gran escala deberán contratar auditorías internacionales