La auditoría practicada sobre 821 legajos del personal de la Municipalidad de Guaymallén designado entre 2011 y 2015 por los intendentes Luis Lobos y Alejandro Abraham (PJ) arrojó un resultado escalofriante: solo el 3% estaba en regla.
Éste fue uno de los datos más interesantes de la tercera jornada del juicio a Lobos y Claudia Sgró por fraude a ese municipio.
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El 97% de las carpetas estaban "flojas de papeles" ya que carecían de documentación personal y de datos particulares. Lo reveló este lunes Pablo Raddi, titular de Control y Gestión de Guaymallén y afiliado a la UCR hace 17 años, quien llegó a ese cargo a fines de 2015 de la mano de Marcelino Iglesias y con desempeño anterior en otro bastión radical: la comuna de Capital.
Raddi fue contundente en su declaración testimonial. Evocó cuando la denunciante Laura Fara le explicó, personalmente, que "María Elena Fernández -la suegra de Lobos y madre de Sgró- le había conseguido una ayuda social y que la señora Fernández le entregaba la plata todos los meses".
El funcionario dijo que en la auditoría "constatamos que mucho personal no se presentaba a trabajar. Tampoco había controles ni se firmaban planillas. Ahora -diferenció- el personal marca la asistencia en el reloj".