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Jorge Rendo, Juan Bautista Mahiques y Julian Ercolini involucados en los chats
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.
El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón circuló enseguida en las redes sociales de los pobladores de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco de la novedad, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
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Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917 confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.
En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
Amenazas, cuestionamientos e insultos
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D'Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia ("Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida"); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.
Consultados por Télam sobre las filtraciones, tanto Tailhade como Valdés lo calificaron como un escándalo de proporciones históricas por la participación de "jueces, funcionarios (de CABA) y directivos de Clarín", en referencia a Rendo y Casey (sobrino de Héctor Magnetto), al tratarse de "la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO".
Tailhade, abogado penalista de profesión, planteó que el contenido del grupo de Telegram compartido por Ercolini, Yadarola, Mahiques y Cayssials justifica "abrir una causa por dádivas contra los jueces que viajaron y contra el propio fiscal general (de CABA, Juan Bautista Mahiques), porque está muy claro que éste fue un viaje de fidelización organizado y pagado por Clarín para estos magistrados, que en muchos casos ya han tenido intervenciones en temas de Clarín".
En cuanto al debate legal sobre la validez como prueba de una filtración periodística basada en un hackeo, el legislador consideró que los involucrados en este episodio "van a plantear la nulidad de esa prueba y va a ser una discusión profunda, pero cuando hay en juego asuntos de interés público, como en este caso, se deben privilegiar antes que la privacidad de las personas".
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Y en la misma línea, agregó: "Para cuestiones de naturaleza privada o personal, la prueba no va a servir (legalmente), pero frente a una acusación que tenga que ver con delitos contra el Estado, esa prueba se va a imponer por sobre la necesidad de preservar las cuestiones privativas de la intimidad".
Valdés, por su parte, definió el contenido del grupo de Telegram que habría sido creado por Casey como "un vómito de poder", ya que demuestra -dijo- "cómo ese poder concentrado se junta a escondidas para planificar acciones contra los representantes de la voluntad popular, de la voluntad de los más humildes, porque de ahí salen todas las operaciones judiciales y mediáticas".
"En los chats están claros los delitos que se les ocurren para que los desestimen en la causa en la que se los investiga por haber ido a Lago Escondido", remarcó el diputado que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores.
Asimismo, Valdés dijo estar sorprendido por "la conducta especial de Carlos Mahiques, que está en una sala de Casación Penal para la cual no fue votado y quiere arreglar la Justicia yendo a practicar boxeo para cagarnos a trompadas a Rodolfo Tailhade y a mí: eso habla de sus condiciones para dictar justicia".
También el diario Perfil publicó un artículo sobre la filtración en la tarde del domingo y allí publicaron el descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D'Alessandro, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram.
Ante una consulta de Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D'Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram "es un tema muy preocupante" que atribuyeron a un "montaje" o a una "acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad", lo cual configura un "hecho delictivo", remarcaron.
Según los colaboradores de D'Alessandro, el ministro porteño había denunciado hace tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy: el Telegram hackeado estaba en esa celular.
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"En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior", añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D'Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido "una edición". "Hay grupos que operan así", señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación "a fondo".
Por otro lado, la concejala barilochense Roxana Ferreyra (FdT), quien junto a otra concejal de El Bolsón fue la primera voz en advertir públicamente sobre la llegada de varios jueces federales a la estancia de Joe Lewis, compartió a Télam su impresión al leer el contenido de los mensajes.
"Del grupo de Telegram que compartían se desprende que querían falsear un hecho, falsear una prueba, falsear facturas, inventando versiones de qué venían a hacer (a Lago Escondido), mientras se reían muy impunemente de que se creyera que los había mandado Mauricio Macri", sostuvo Ferreyra, bibliotecaria y docente que transita su primera experiencia en un cargo electivo.
¿Quiénes son los involucrados en los audios entre jueces y funcionarios de la Ciudad?
- El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
- Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.
- Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros.
- Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarin respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron el grupo y aportan la pata mediática.
- Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la clave Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido.
- El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.
- Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
- El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
- El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
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Escandalosos audios entre jueces y funcionarios de la Ciudad
Según la filtración, que muestra A24, el abogado de Clarín Casey, en medio de las tratativas para fraguar las facturas, les dice “Lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase...Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Y el juez Yadarola le contesta: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.
En uno de los supuestos chats, el juez Julián Ercolini dice: “Segundo tema, donde estuvimos difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado, sin dejar cabos sueltos, por que el tema denunciable principal ya estaría resuelto con las facturas”. En tanto, Ercolini plantea que necesitan figurar pagando su estadía en Lago Escondido, y pide que le consulten a Nicolás Van Ditmar, el hombre en Argentina del magnate inglés Joe Lewis, que lleva la administración de sus negocios y de su estancia en Lago Escondido.
demás de conseguir las facturas truchas para encubrir el viaje, el juez Ercolini estaba también preocupado y, según la filtración, escribió: “Si se consiguiera eso (las facturas truchas), sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más”. ¿Qué más pasó, que tenía intranquilo a Ercolini? El viaje fue un mes y medio luego del atentado contra Cristina y en medio de de la causa Vialidad, impulsada por el propio Ercolini. ¿Qué más podía haber? ¿O quienes más participaron del cónclave?
En medio de la conversación de este supuesto grupo de chat se nota el rol de Rendo, jerarca de Clarín, para calmar a sus amigos y ordenar el discurso. Mientras hablan de como fraguar facturas de supuestos gastos, Rendo envía un audio donde dice que “para confabular no hace falta ir hasta allá si uno quisiera confabular confabula en un bar de Buenos Aires”.
Fuentes: Télam y A24
