El proyecto de ley de extinción de dominio obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados con una mayoría de votos oficialistas y se convirtió en ley. No obtuvo el apoyo de la izquierda ni del kirchnerismo. Además, los justicialistas y Protectora rechazaron algunos artículos.
El escrito que fue promovido por Alfredo Cornejo permite que los bienes que puedan tener un origen en actividades corruptas puedan ser decomisados sin necesidad de esperar la sentencia penal.
Se trata de una modificación al Código Procesal Civil de Mendoza y a la Ley del Ministerio Público Fiscal para establecer el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio en los casos que investiga la Justicia.
Así, el Estado podrá recuperar bienes vinculados con delitos complejos como, por ejemplo: actos de corrupción y narcotráfico, y destinarlos a un fondo especial, con asignación específica, para la construcción y reparación de escuelas.
Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones institucionales, destacó que "es una herramienta jurídica importantísima para combatir la corrupción, los bolsos con dólares revoleados por medianeras y las bóvedas llenas de dinero. También para darle un buen uso a las casas no realizadas de la Tupac Amaru, las camionetas y todos los bienes que han sido producto de la corrupción. Lo importante es que ese dinero vuelva a la gente y a la sociedad".
