La cámara de Senadores le dio media sanción este martes al proyecto oficial que busca terminar con la tradicional figura de los equiparados a magistrados, que son en su mayoría empleados judiciales que cobran como un juez sin serlo.

Si bien cuando se originó la iniciativa se dijo que habían unos 80 empleados en estas condiciones, que cobraban más que el gobernador, entre $200.000 y $400.000, ahora con algunas modificaciones al proyecto original, el recorte de esta figura alcanzaría a muchos menos empleados de los que se habló en marzo cuando el gobernador envió el proyecto a la Legislatura.

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Con 22 votos a favor, del bloque oficialista, Mas Fe, Libres el Sur y Pro, y 16 votos en contra del resto de los bloques de la oposición, la medida pasará ahora a Diputados y de aprobarse se aplicará a los tres poderes del Estado y se fijan 30 días para terminar con las irregularidades.

El senador radical Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales explicó que el Senado tiene las facultades necesarias para modificar todo lo referido al estatuto del empleado público. “Todos sabemos que en base a eso no podemos avalar inequidades que se han producido, en las cuales han sido funcionarios equiparados a magistrados. Esta ley comprende a todos los poderes. Nosotros no podemos hacer la vista gorda ante estas situaciones”, señaló

La iniciativa tomó forma en marzo pasado cuando trascendió que la secretaria del Presidente de la Corte, Jorge Nanclares, tenía la figura de equiparado a magistrado y cobraba más de $400.000. En aquel momento en el Gobierno resaltaron que bajo esa figura de equiparados a magistrados habían unos 80 funcionarios que no cumplían con el proceso establecido en el Consejo de la Magistratura, no están en el escalafón judicial y sus cargos habían sido creados por acordada.

"No son 80 los empleados a los que alcanza"

Sin embargo, este martes desde la oposición remarcaron que el proyecto original había sido modificado y que aquellas asimetrías salariales que buscaba corregir se reducían ahora a sólo una docena de casos.

Me llama la atención qué sucedió en el camino, que ha hecho que el Gobernador, de tomar la decisión de ir por los 80 equiparados, como denunciaba ya el año pasado el Poder Ejecutivo en la Justicia, vaya en este proyecto que se trata hoy, por tan solo 10 o 12”, argumentó el senador del Frente de Todos, Lucas Ilardo y se preguntó qué pasó con el resto de la lista de aquellos empleados a los que afectaba la prohibición de esta figura.

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A la crítica del legislador peronista respondió el senador Alejandor Diumenjo, quien aludió a que los cambios se habían acordado en labor parlamentaria.

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Al parecer la nueva versión del proyecto hizo cambios en el artículo 3 del original, en donde se establecía: "Suprimanse los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la provincia, con excepción de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020".

Ahora a ese mismo artículo se le habrían adosado otras excepciones entre las que se detalla que "se encuentran exceptuados, asimismo, el cargo de secretario previsto en el artículo 71 de la Ley N° 2.551, los cargos previstos en la Ley N° 6.736 de remuneración de los Directores y Subdirectores del Registro Público y Archivo Judicial; en los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 8.008 y en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, siempre que los mismos estuviesen cubiertos al día 1 de febrero del 2020 para el cumplimiento efectivo de las funciones previstas por la ley".