Llegaron a la Corte de la mano del supremo Dalmiro Garay. Como personas de su confianza. Sin embargo, el desembarco de Juan Ignacio Mulet y Matías Nahuel Floreal Martínez Suso en el cuarto piso de los tribunales solo reavivó la puja de poder fenomenal entre radicales y peronistas. Un capítulo más del escandalete de los equiparados a magistrados: esos funcionarios del Poder Judicial que cobran como los jueces pero sin serlo.
Mulet y Martínez Suso trabajaron en el Ministerio de Gobierno de la Provincia que Garay condujo hasta julio de 2018 cuando ingresó a la Corte a propuesta de Alfredo Cornejo.
El primero fue director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia y renunció a ese cargo a fines de 2018 para mudarse al Poder Judicial. Con Garay, que ya llevaba cinco meses.
El segundo fue asesor de esa cartera del Ejecutivo. Había llegado al tercer piso de la Casa de Gobierno proveniente de la Fiscalía de Estado; previamente había integrado la nómina de adscriptos al Sistema Penitenciario Provincial que estalló en la época de Paco Pérez.
Cual personas de confianza, Mulet y Martínez Suso fueron integrados a los equipos de relatores de la Suprema Corte; relatores se denomina a los abogados que redactan las sentencias que firman los supremos; también estudian los expedientes por resolver y sugieren soluciones.
¿Cómo trabajan? Sencillo: cada uno de los ministros de la Corte cuenta con un equipo de colaboradores de ese calibre.
Mulet se integró a la Sala I, que atiende los casos civiles y comerciales. Martínez Suso, a la Sala II, que atiende los asuntos de los fueros penal y laboral. En carácter de interinos, según las acordadas 29.045 y 29.373.
Ninguno de los dos había rendido concurso público para ocupar esos los puestos de relatores, lo que desató el revuelo en el cuarto piso.
Esta bomba interna se sumaba a otra que tuvo mayor trascendencia pública, y que fue uno de los motivos que, a futuro, desembocaron en la renuncia de Jorge Nanclares: la rebelión de los jueces civiles por el traslado de funcionarios que había promovido la Sala II de la Corte.
Entonces, por lo bajo, en medio del conflicto que duró casi un mes, los nombres, el origen y las condiciones laborales de los relatores Mulet y Martínez Suso se volvieron la comidilla del argot tribunalicio.
Marzo y la Vendimia aquietaron un poco las aguas. Muy poco. Hasta que el gobierno de Suarez destapó la olla de los que cobran como si fueran jueces pero sin serlo. Los famosos equiparados a magistrados. Entonces, sí, como dijo un viejo humorista madrileño "se armó la gorda".
Aun en medio de la pandemia y del funcionamiento restringido del Poder Judicial, la política del cuarto piso de los tribunales siguió bullendo a la misma y altísima temperatura que en los últimos años generan peronistas y radicales.
El supremo Mario Adaro pidió formalmente "explicaciones" acerca de las designaciones de Mulet y Martínez Suso, pero más allá de lo protocolar del mensaje a la Sala Administrativa, que tiene a su cargo la designación del personal, el supremo peronista abrió la puerta para "cubrir las vacantes (ocupadas por los hombres de Garay) mediante llamado a concurso en caso de corresponder".
El toro por las astas (pero no tanto)
Así, la acordada 29.535 del máximo tribunal del 3 de junio estableció el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes que hoy ocupan Mulet y Martínez Suso en forma interina.
Ese documento lleva las firmas de Jorge Nanclares en su rol de titular de la Sala Administrativa -había renunciado dos días antes pero sigue en funciones hasta que se jubile-, Julio Gómez y Omar Palermo: los mismos que promovieron la acordada que Nanclares bautizó "de la discordia" porque motivó la rebelión de los jueces civiles.
Clarísimo quedaba el futuro en ese aspecto, si hasta la conformación de las dos mesas examinadoras quedaba explícita. Y la fecha de las evaluaciones: el 5 de agosto. Y hasta la publicación del llamado a concurso: el lunes 22 de este mes.
Pero pasaron cosas. No muchas, pero muy significativas.
Súbitamente, Nanclares suspendió los dos concursos y tomó licencia por lo menos hasta el 30 de junio, renovable hasta que le otorguen la licencia. Julio Gómez lo reemplaza.
Sin embargo, el llamado a concurso sigue publicado en la web del Poder Judicial y éstas son la imagen y el link que encuentran los interesados.
El freno causó sorpresa en un sector del cuarto piso de los tribunales y en otros despachos y oficinas del Poder Judicial, donde trabajan quienes habían sido convocados para examinar a los pretensos relatores.
Oficialmente se ha dicho que el proceso se suspendió porque los supremos Garay y Valerio observaron que era necesario concursar cargos de relatores de otras especialidades.
El juego sigue abierto, hacen notar desde los tribunales. Ni qué decirlo. Las chispas saltan por doquier.