En vivo: Diputados trata el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia
Diputados retomó el proceso que analiza el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández
El proyecto fue impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores ingresó el 13 de enero a la Cámara de Diputados, junto con los argumentos de la acusación y distintas alternativas para avanzar en la investigación, incluidas propuestas para la citación de varios testigos.
Causas del juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia
La iniciativa fue presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el Presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Además, otro de los puntos importantes que se trata es el del fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que "resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal".
"El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante", añadieron en el documento.
Agregaron que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".
"Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada", señalan los diputados.
