Politica Domingo, 11 de noviembre de 2018

En el Estado 466 personas ganan más que Cornejo

Una ley fija el sueldo del gobernador como tope, pero exceptúa a los magistrados, entre los cuales hay cinco que duplican su salario.

Nadie podría discutir que la mayor responsabilidad de las decisiones que se toman en una provincia recaen sobre los hombros del gobernador y ante esa situación, sería lógico que quien ocupa ese cargo sea el que perciba el mayor sueldo en el territorio.

En Mendoza no es así. Pese a que hay una ley que fija los haberes del mandatario como el tope de los de los empleados públicos, hoy existen 466 personas que ganan más que Alfredo Cornejo, que en bruto percibió en octubre $145.000, con lo cual su salario de bolsillo rondaría los $115.000. De ese universo, 417 cargos son del Poder Judicial y entre ellos aparecen magistrados (que están exceptuados de la aplicación de la ley de topes), pero también fiscales o equiparados a magistrados, 40 son médicos y 9 tienen cargos que fueron avalados por el Senado, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas.

Pero la lista puede seguir extendiéndose porque tras una extensa catarata de medidas cautelares presentadas por AMPROS (el gremio de los médicos), la Corte provincial ha fallado en favor de los demandantes, que sostenían la inconstitucionalidad de aquella norma. También la asociación de funcionarios judiciales presentó una medida de inconstitucionalidad similar que fue rechazada en la provincia y ahora está en la Corte Suprema nacional.

Diario UNO accedió al valor en bruto que cobraron en octubre los titulares de aquellos cargos cuyos haberes superan al del gobernador y de allí surgió que el supremo Pedro Llorente, uno de los de mayor antigüedad en el Poder Judicial, como viene sucediendo desde hace tiempo ocupa el podio, con un sueldo de $359.754, pero detrás de él aparecen fiscales que perciben más de $182.000.

En el grupo de profesionales de la salud, quien más cobró fue la psiquiatra Susana Poquet, que actualmente trabaja en el ex COSE y recibió $276.564,03. Con una cifra que supera también los $200.000 figura el médico director del Registro Provincial de Huellas Genéticas, Miguel Marino, quien cobró $207.434,97.

Finalmente, entre quienes fueron avalados por el Senado resalta el sueldo del contador general de la provincia, José Caviggia, que cobró de bruto $330.306,15 y el del ex asesor de Gobierno, César Mosso, quien percibió en octubre, como último salario antes de jubilarse $318.845,35.

"La remuneración debería ser acorde a la función que cumple cada uno. El que tiene una función más importante dentro del Estado debería ser quien más gana. En este sentido, la remuneración del gobernador está baja en relación de estos cargos que no tienen tope salarial y eso genera un desequilibrio en la pirámide salarial", opinó la ministra de Hacienda, Paula Alasino.

Si bien la ley 8.727, que sancionó el ex gobernador Francisco Pérez en octubre de 2014 -conocida como la ley de topes- fija como límite el sueldo del gobernador e incluye en la extensa lista a funcionarios, empleados y contratados de los tres poderes del Estado, la norma tuvo un cortísimo alcance.

En ella se establecía el procedimiento para que los que cobraran más que el mandatario provincial, que se encontraban principalmente en el sector de la salud, ajustaran sus remuneraciones hasta quedar bajo la línea de la máxima autoridad de Mendoza. "Cuando se disponga, por cualquier vía que sea y/o acuerde, un aumento salarial y/o de contraprestaciones que los alcance, el aumento que en cada caso corresponda por todo concepto no podrá ser superior al 30% del aumento que legalmente corresponda percibir al cargo degobernador de la Provincia en la misma oportunidad", explicitaba.

Sin embargo, ya en marzo del 2015, cuando se homologaron los aumentos por paritarias del 35%, comenzaron las demandas de inconstitucionalidad de varios médicos que, pese al aumento que había recibido su sector, cobraban con descuentos.

La Corte terminó resolviendo esas demandas a favor de los demandantes y los fallos que ordenaban no aplicar la ley de topes se acumularon y continuaron llegando hasta la semana pasada. Esto hace suponer que esta lista de 466 personas podría seguir extendiéndose año a año.

"La ley de topes compara escalafones distintos y pone topes en escalafones de actividades completamente diferentes. En el área de la Administración hay dos régimenes bien marcados: el de administración central y el régimen de profesionales de la salud. En este último grupo hay 120 médicos que son especialistas y se diferencian del resto por su responsabilidad, su carga horaria y el tipo de actividad. El error de la ley de topes es que afectaba a quienes tenían más antigüedad, bloqueo de título y jefaturas. Por ejemplo, alguien que estaba a cargo de la terapia intensiva del Hospital Central, que ganaba un peso más que el gobernador, sufría todos los descuentos sobre su sueldo bruto y además, le descontaban el excedente que cobraba por encima del gobernador, algo que no estaba en su régimen", explicó Carlos Alico, abogado de AMPROS, que ya ganó varios fallos de la Corte.

A las demandas de los profesionales de la salud, se sumó también la de los funcionarios judiciales.

"Presentamos una cautelar por considerar inconstitucional esa ley que fijaba los salarios de funcionarios del Poder Judicial, porque entendemos que violaba la independencia de poderes. Ahora la medida está en la Corte Suprema de la Nación", dijo el abogado José Lucero, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

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