El Senado dio media sanción al proyecto de ficha limpia para docentes y personal educativo en Mendoza

El trasfondo del debate

La presidenta de la comisión de Educación del Senado, Mariana Zlobec, explicó que el proyecto prohíbe que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo.

Además, se busca garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros mediante la creación de un registro de inhabilitaciones que estará bajo la gestión de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Luego, el senador Martín Rostand, de La Unión Mendocina, manifestó el acompañamiento de su bloque al proyecto, aunque señaló la importancia de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, expresando reservas sobre posibles conflictos en este sentido.

Desde el bloque justicialista, la senadora Adriana Cano (PJ) también expresó su apoyo al proyecto, resaltando la necesidad de atender una problemática recurrente en las escuelas públicas y privadas de la provincia. No obstante, consideró necesario perfeccionar algunos aspectos para evitar futuras judicializaciones.

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La senadora Cano apoyó el proyecto, pero advirtió que si no se toman precauciones podría haber judicializaciones.

Foto: Senado de Mendoza.

El debate cerró con la intervención de la senadora Natacha Eisenchlas, quien sostuvo que las posibles interpretaciones erróneas o efectos no deseados han sido contemplados en la redacción final y solicitó al presidente del Senado avanzar con la votación.

La propuesta -que fue presentada en Comisiones por el ministro de Educación, Infancia, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar- recibió en consecuencia media sanción y pasó a la Cámara Baja.

La ficha limpia docente y sus implicancias

Según explicó García Zalazar, esta iniciativa se inspira en el concepto de ficha limpia, ya vigente en el sistema electoral provincial y adoptado recientemente por otras jurisdicciones como la provincia de Salta. El proyecto no solo contempla la creación de un registro público de antecedentes penales, sino que también introduce modificaciones en los procedimientos de selección para garantizar que cada candidato sea evaluado rigurosamente antes de ingresar al sistema educativo.

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El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecto en la Legislatura.

La propuesta incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente. Estas disposiciones buscan uniformar los estándares de protección en todo el sistema educativo de Mendoza.

En el marco del proyecto, se introduce un registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones. Este registro será utilizado como herramienta de consulta obligatoria para los concursos de cargos en instituciones educativas, particularmente en los casos de suplencias que, según el Ministro, son los que históricamente han presentado mayores inconvenientes.

Además, la iniciativa estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.