El año pasado, el gobernador Rodolfo Suarez encargó a su equipo que elaborara un informe sobre lo que -según el mandatario- es un proceso de discriminación sostenida que ha sufrido Mendoza respecto a los repartos de fondos nacionales. El siguiente capítulo tuvo lugar este jueves, cuando toda esa información se adjuntó a un reclamo presentado ante el Ministerio del Interior. Al promediar la jornada, el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez, explicó las implicancias de toda la movida.
El reclamo de Mendoza por el reparto de fondos anticipa un posible juicio millonario a la Nación
"En 2022, el gobernador encargó que se empezara a analizar, estudiar y a evaluar en todos los aspectos posibles la forma en que los mendocinos estaban siendo discriminados en el reparto de recursos nacionales. No es algo de ayer ni de hoy. Fue un trabajo que demandó meses", aseveró Ibañez ante la consulta de Diario UNO.
Y, entre otras cosas, confirmó que lo ocurrido esta semana abre las puertas a una posible judicialización del conflicto.
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La estrategia para reclamar más fondos de la Nación
Tras la directiva de Suarez, el Ministerio de Hacienda de la provincia, junto al de Gobierno y a la Asesoría de Gobierno, comenzaron a diseñar la estrategia. Mientras el primer grupo de especialistas analizaba los números y elaboraba un cuerpo de 5 anexos informativos, los demás trabajaban en el diseño del reclamo jurídico administrativo derivado de esos anexos (ver más abajo).
Así, el escrito legal subraya "la URGENCIA (sic) de dar respuesta (...) a 'la cenicienta del Oeste argentino', aclarando y remediando la añosa situación lesiva".
"En este punto -añade el texto- es de recordar el olvidado y elemental principio de igualdad política, jurídica y económica de todos los Estados miembros de la Federación Argentina, sin preferencias político-partidarias de ningún tipo"
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El camino legal que se viene
Según precisó Ibañez, esta acción puede ser el paso inicial de un camino que derive en un juicio a la Nación. Y si se tiene en cuenta la magnitud de las desigualdades que está denunciando Mendoza, la pugna legal podría poner en danza millones de dólares.
La posibilidad es mencionada de modo bastante explícito en el reclamo que se formalizó:
"Hemos presentado un reclamo administrativo, tal como está previsto en la ley de procedimiento administrativo nacional, ante el ministro del interior (Eduardo "Wado" de Pedro). Y lo que planteamos en el documento es que se ha discriminado a nuestra provincia en distintos tópicos", describió Ibañez.
La queja no se limita a lo que llega del presupuesto nacional a través de las asignaciones que establece la Ley de Coparticipación -que ya de por sí es injusta desde la perspectiva del oficialismo mendocino-; sino que abarca otras fuentes de dinero, como los fondos "discrecionales".
Ibañez argumentó: "Estos fondos que se distribuyen 'a discreción', desde los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hasta aquellos programas que la Nación les ofrece a las provincias a través de cada uno de los ministerios, pasando por el dinero que se distribuyó en su momento por la pandemia, implican que ellos no están obligados a darte un porcentaje determinado ni un monto. Pero el planteo nuestro es que el hecho de que sean discrecionales no significa que deban ser discriminatorios ni manifiestamente desiguales".
En suma: para el gobernador y sus ministros, la administración nacional evita mandar plata a Mendoza a causa de las diferencias políticas.
"Sin embargo, aun la discrecionalidad está reglada, porque esos envíos deben relacionarse con situaciones especiales. Si San Juan y también Mendoza pasaron por alguna de estas circunstancias de excepción, deben recibir fondos equivalentes", insistió Ibañez.
Y sostuvo que "hoy, el ingreso de recursos presupuestarios de La Nación per cápita en Mendoza desde 2020 a diciembre de 2022 es de algo más de $30.000, en tanto que el promedio en el resto de las provincias es de $90.000".
Pero ahí no termina la protesta. "Otra parte de la discriminación tiene que ver con el incumplimiento de normas -enfatizó el ministro de Gobierno-. Te pongo un ejemplo: el Consenso Fiscal de 2017 obligaba a Buenos Aires a bajar subsidios, algo que se le pidió a Mendoza pero que ellos no han hecho en la medida en la que se comprometieron".
A partir de la presentación del reclamo comienzan a correr los plazos legales, que en principio abarcarían 90 días. No obstante, es posible que ese lapso se alargue porque la provincia sigue pidiendo información al gobierno central para consolidar sus cálculos y reforzar su postura desde el punto de vista técnico/económico.
A continuación, el escrito del reclamo ante la Nación y un resumen de lo que contienen los 5 anexos elaborados por Hacienda.
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