La Justicia concedió al gobierno de Javier Milei el recurso de apelación contra el fallo que días atrás declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes, permitiendo que la medida oficial permanezca en vigor hasta que la cuestión sea resuelta de forma definitiva en instancias superiores.
Por ahora rige el protocolo en contra de la realización de piquetes como medida de protesta.
La decisión judicial dada a conocer en las últimas horas revierte, de manera provisoria, la determinación tomada el lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cormick había declarado la nulidad de la Resolución 943/2023, impulsada durante la gestión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y mantenida bajo la actual ministra Alejandra Monteoliva, argumentando que esa cartera carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.
En contra de lo dispuesto por Patricia Bullrich
En aquel momento, tanto el CELS como diversas organizaciones sindicales, como la CGT, habían celebrado el pronunciamiento inicial, enfatizando que la sentencia ponía límites a las atribuciones del Ministerio de Seguridad respecto a los derechos constitucionales.
Sin embargo, con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles y movilizaciones sociales continuará en vigor.
La ex ministra Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquetes no se suspende. Se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".
Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien simplemente escribió: "El protocolo antipiquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin".
El gobierno ya había anticipado su intención de apelar la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y argumentando que la iniciativa cuenta con amplio respaldo social. La resolución definitiva del caso de los piquetes quedará ahora en manos de tribunales superiores de la Justicia Federal.