La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el gobierno nacional apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes”, impulsado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.
Tensión entre el Ejecutivo y la Justicia por el protocolo antipiquetes. Alejandra Monteoliva salió al cruce de Martín Cormick.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, afirmó la funcionaria en su cuenta de X.
En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo no dará marcha atrás: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.
“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que les devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, agregó Alejandra Monteoliva.
La senadora nacional Patricia Bullrich también se refirió al tema y cuestionó la decisión judicial. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el gobierno ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, expresó.
Además, sostuvo que “los perjudicados son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y concluyó: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.
El fallo fue dictado este lunes por el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien suspendió la vigencia del protocolo destinado a contener movilizaciones sociales y cortes de calles, a partir de una presentación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Dos años del protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes habilita a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante cortes de calles o vías de circulación vehicular, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
En los fundamentos de su resolución, Cormick sostuvo que la protesta social no puede ser equiparada automáticamente a un delito penal que justifique una intervención represiva sin orden judicial previa.
La sentencia vuelve a colocar en la órbita del Poder Judicial -y no del Poder Ejecutivo ni de las fuerzas de seguridad- la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El magistrado también cuestionó las denominadas “tareas de inteligencia” previstas en el protocolo, al considerar que vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente al Estado recolectar información sobre ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o por su pertenencia a organizaciones.
Asimismo, advirtió que la normativa no establece distinciones en el accionar represivo frente a manifestantes pertenecientes a grupos vulnerables -como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad- que requieren una protección especial, y objetó el uso de registros fotográficos y fílmicos para la identificación de los participantes de las protestas.
Fuentes: Red X, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.