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Cristina Kirchner ya fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Se pidió opinión a la Procuración para sostener o no la apelación de la fiscalía
El máximo tribunal pidió opinión a la Procuración en relación a si sostiene o no la apelación de la fiscalía, algo fundamental a la hora de decidir sobre el tema.
Casal no tiene plazos para expedirse al respecto y, una vez que entregue su dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti comenzarán a debatir si abren o no los recursos de queja directa.
En caso de rechazarlos, las condenas de todos los acusados en el caso Vialidad quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse.
El reclamo del fiscal Villar por la causa Vialidad
Villar había reclamado ante la Cámara Federal de Casación que se duplique la pena impuesta a la ex mandataria porque considera que debe revocarse su absolución por asociación ilícita, uno de los dos delitos en base a los cuales la juzgó el Tribunal Oral Federal 2.
Casación rechazó esta postura y confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Villar presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte, rechazado por inadmisible, y ahora también, al igual que las defensas de los condenados, fue en queja directa al máximo tribunal.
En su recurso, Villar calificó de "arbitraria" la decisión de Casación y advirtió que la sentencia que ratificó las absoluciones por asociación ilícita de la ex presidenta y también del condenado empresario Lázaro Báez son una "decisión inválida".
El fiscal también se presentó en queda por la absolución de tres de los acusados: el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex integrante de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, y sobre todo esto deberá ahora dictaminar Casal.
Villar remarcó que la causa Vialidad es "un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino" en materia de lucha contra la corrupción, por lo cual "el interés institucional" del tema que justifica la intervención de la Corte "se encuentra ampliamente acreditado".
