El conflicto salarial de los empleados y funcionarios judiciales tiene paralizado al Poder Judicial de Mendoza. En el Polo Judicial, en el edificio central de los Tribunales y en las demás sedes, las cámaras laborales -entre otras-, el panorama es idéntico: audiencias suspendidas, asambleas y escasísima concurrencia de personal y por ende de abogados y ciudadanos.
Siguen las medidas de fuerza
El plan de lucha de los empleados y funcionarios judiciales paralizó al Poder Judicial de Mendoza
Audiencias suspendidas y una reingeniería en el Ministerio Público Fiscal caracterizan esta etapa del conflicto, que se perfila como uno de los más graves en 40 años
Paro de empleados y funcionarios judiciales de Mendoza.
Pasado el mediodía, la protesta se trasladó a la explanada de Casa de Gobierno para visibilizar el reclamo. Incluso un grupo de judiciales subió hasta el cuarto piso, donde Alfredo Cornejo tiene su despacho. Fue precisamente el gobernador quien resaltó este miércoles que es el único gremio que no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo y que no hará diferencias con respecto al resto de los estatales.
Sin solución a la vista y con la paritaria ya cerrada, el conflicto, que está en su punto máximo, se perfila como uno de los más graves desde la vuelta de la democracia, sólo equiparable como el ocurrido a mediados de los '80, durante la gobernación de Felipe Llaver.
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El Poder Judicial es un desierto
Una recorrida por las instalaciones del Polo Judicial, los Tribunales Provinciales y el edificio situado en San Martín 322 de Ciudad -donde funcionan las Cámaras del Trabajo- permiten tomarle el pulso al conflicto entre Judiciales, funcionarios, personal del Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de Mendoza, en este caso la patronal.
Desierto casi total: audiencias suspendidas, despachos vacíos e incluso vigilancia policial -muchas veces desmesurada- en el cuarto piso de los Tribunales, donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen sus despachos.
En el caso del Ministerio Público, mantener el mínimo del servicio público obligó a hacer una reingeniería de personal y de centros de atención.
De hecho, la Comisaría 25 de Guaymallén y una oficina en el Polo concentran, en la emergencia, la atención a los ciudadanos y el trabajo de los fiscales, quienes no adhieren a la medida de fuerza.
El conflicto se activó en febrero, tras el comienzo de la actividad post vacaciones de verano, y se agravó durante el fin de semana de la Vendimia, cuando se dispuso una huelga de varios días. Este esquema se ha repetido desde entonces con paros de hasta 9 días en continuado.
Marcelo Fekonja, del gremio de los funcionarios judiciales, dijo a Diario UNO acerca del esperado fallo de la Suprema Corte de Justicia por la Cláusula C, uno de los ejes del conflicto, que determinará si vuelven a estar enganchados -o no- a los aumentos de los sueldos de los jueces.
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