La Pampa presentó recientemente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación argumentando que Mendoza no está cumpliendo con la cesión programada de 3,2 metros cúbicos por segundo del agua del río Atuel. Este miércoles, el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, dio la perspectiva mendocina ante esa nueva jugada de la provincia vecina.
El ministro Mario Isgro cuestionó el recurso de amparo que presentó La Pampa por el río Atuel
El funcionario dialogó con el programa Mediodía, de Radio Nihuil, y dijo: "Ellos permanentemente solicitan la erogación del caudal, pero es agua que el río no tiene por cuestiones naturales y no porque Mendoza ceda o no ceda".
La disputa no surgió de la nada. Es otro capítulo en la novela de tiras y aflojes alrededor de los recursos hídricos en la región, con uno de sus principales focos de conflicto en la megarepresa Portezuelo del Viento.
El fallo de la Corte según Mendoza
Isgro negó que se esté incumpliendo con el fallo que libró la Corte en julio de 2020. "Estamos haciendo lo que nos marcó la Justicia. Trabajamos en forma conjunta las dos provincias, con participación de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de La Nación, para hacer las obras pertinentes que nos permitan erogar ese caudal", aseguró.
"Recién cuando estén identificadas las obras que se acuerden en forma conjunta, se inicien las mismas y la naturaleza traslade el agua necesaria, se podrá atender a ese pedido de La Pampa", definió el entrevistado.
E insistió: "Es lo que la Corte ha resuelto. No es una posición de Mendoza. No podemos dar lo que no tenemos".
La perspectiva de La Pampa respecto al agua del río Atuel
Como informó esta semana el periodista Julián Imazio en Diario UNO, la fiscal de Estado de La Pampa presentó una cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia en la que exige que Mendoza “suelte un caudal mínimo del río Atuel” antes de sentarse a discutir nuevos proyectos.
El pedido es que el máximo tribunal obligue a Mendoza a garantizar 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con suelo pampeano. Para esto se basan en el fallo de 2020.
“No podemos seguir negociando de esta manera con una jurisdicción que usa el cien por ciento del agua y la utiliza a su antojo”, denunció Romina Schmidt, la fiscal de Estado de La Pampa.
Como el tribunal supremo no tiene plazos, aquella fiscalía deslizó un pedido de que los “sorprendan” agilizando el tratamiento. El documento dice fundarse en la cantidad de tiempo que ya pasó desde ese pedido de escurrimiento mínimo al que suscribieron los supremos Rosatti, Lorenzetti y Higton de Nolasco, y del que ya transcurrieron 20 meses.
Las cautelares son vías rápidas para que se proteja "un derecho que está vulnerado". Según señalan desde el otro lado del Atuel, es precisamente lo que está ocurriendo en este caso. En el contexto ambiental, ese tipo de recursos están contemplados por la Ley General de Ambiente 25.675, que es a la que apuntó la fiscal de Estado Schimdt.
Mendoza, en contraste, sostiene que está ajustada a derecho y que espera avanzar con las obras que pidió la Corte en su fallo para garantizar, naturaleza mediante, la cantidad de líquido que pide la provincia vecina.
Y todo lo anterior se produce sobre el tablero de una discusión más amplia que tiene a Portezuelo del Viento como su pieza más vistosa. En efecto, el pedido de laudo presidencial que hizo el gobernador mendocino Rodolfo Suarez para que Alberto Fernández se expida sobre la realización -o no- de esa obra hídrica despertó protestas entre los pampeanos.
Todo indica que el contrapunto seguirá.





