El Poder Judicial determinó que el ex intendente Luis Lobos sea juzgado entre el 10 y el 23 de agosto por los delitos de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Durante el megajuicio, tras la feria judicial de invierno, serán tratados dos expedientes investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

El proceso se desarrollará en el Polo Judicial Penal y estará a cargo de los jueces Luis Correa Llano, Nancy Lecek y Ramiro Salinas.

Las denuncias contra el ex intendente peronista a cargo comenzaron en 2015, luego de que dejara el puesto al sucesor, Marcelino Iglesias, que asumió en representación de Cambia Mendoza.

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Marcelino Iglesias.

Marcelino Iglesias.

A los efectos del proceso judicial, la comuna participa como querellante, lo que le permite aportar pruebas y ser parte activa del caso.

Dos causas complejas

En la primera parte del megajuicio se ventilará la causa por enriquecimiento ilícito, donde los imputados son Lobos y la ex esposa, Claudia Sgró.

La sospecha indica que ambos no pudieron haber comprado con sus sueldos de funcionarios públicos los bienes muebles e inmuebles que figuran a su nombre al cierre de la investigación penal preparatoria: terrenos, casas, departamentos y automóviles.

Para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, son fruto de maniobras de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Ya en el fuero Civil, hace un año Lobos y Sgró fueron desapoderados de esos bienes inmuebles por el mismo motivo. Fue en el primer juicio de extinción de dominio que se desarrolló en Mendoza, sentencia de primera instancia que ahora está en fase de apelación.

Durante la segunda etapa, Lobos será juzgado por fraude a la administración pública junto con quien fue su Secretario de Obras, Federico Sampieri, y un particular, Roque Nuñez.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos elevó la causa a juicio bajo el argumento de que Lobos, Sampieri y Nuñez, de la empresa Wanka SA, afectaron el patrimonio de la Municipalidad de Guaymallén cuando suscribieron y ejecutaron un contrato de alquiler y funcionamiento de una planta de asfalto para calles del departamento.

Los pagos realizados a Wanka SA con fondos públicos y la verdadera cantidad de calles asfaltadas respecto del presupuesto y contratos originales detonaron las sospechas de corrupción y la necesidad de investigar.

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