Los legisladores kirchneristas presentaron este jueves un proyecto de ley que obliga al Estado provincial a informar a los ciudadanos cuando sus datos personales, como los de salud, impuestos, domicilio o Registro Civil, sean hackeados, filtrados o utilizados de manera indebida.
Proyecto legislativo
El kirchnerismo impulsa una ley para que el Gobierno avise ante el hackeo de datos personales
Fuerza Patria presentó un proyecto que obliga al Estado a informar hackeos en 72 horas, establece responsabilidades y crea un fondo para afectados
Legisladores K presentaron un proyecto de protección de datos personales y reparación económica ante hackeos o filtraciones.
La iniciativa del bloque Fuerza Patria busca garantizar la protección de los datos de los mendocinos frente a la creciente digitalización del Estado. Alcanza exclusivamente a los organismos públicos provinciales y municipales, con el objetivo de evitar el tratamiento negligente de la información personal que administran.
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El proyecto, compuesto por 48 artículos, obliga al Estado a notificar las filtraciones de datos en un plazo máximo de 72 horas y crea un fondo para reparar a las personas afectadas.
También crea un régimen de responsabilidad para los funcionarios que incurran en negligencia grave en el resguardo de esos datos.
Según sus impulsores, la propuesta complementa el proyecto de ley de Ciberseguridad enviado por el Gobierno provincial. Mientras esa norma apunta a proteger la infraestructura informática del Estado frente a ataques cibernéticos, esta pone el foco en los derechos de los ciudadanos sobre su información personal cuando se producen incidentes de seguridad.
De qué se trata el proyecto de protección de datos del kirchnerismo
La propuesta incorpora el concepto de “privacidad desde el diseño”, que establece que los nuevos sistemas, plataformas o herramientas digitales del Estado deberán contemplar medidas de protección de datos desde la etapa inicial de desarrollo y no como una corrección posterior.
El proyecto establece que cada organismo estatal deberá designar, en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley, a un responsable interno de protección de datos, con el objetivo de centralizar las tareas vinculadas al resguardo de la información personal.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un mecanismo de respuesta ante incidentes de seguridad. En caso de una filtración, pérdida o acceso no autorizado a datos personales, los organismos alcanzados deberán informar el hecho a la autoridad correspondiente en un plazo máximo de 72 horas y comunicarlo a las personas que pudieran resultar afectadas.
Según explicó el senador Félix González, uno de los autores del proyecto, la iniciativa busca que los ciudadanos conozcan qué información personal tiene el Estado sobre ellos y qué medidas se adoptan cuando esa información queda expuesta.
“Los datos hoy son la mercancía del futuro; hoy el que tiene datos tiene poder”, señaló el legislador, quien planteó que la acumulación de información sobre salud, movimientos, transporte o situación fiscal requiere nuevos mecanismos de protección.
El proyecto también propone un régimen de responsabilidad para los funcionarios que incurran en negligencia grave en el manejo de datos personales. La iniciativa prevé sanciones y establece que parte de las multas aplicadas por incumplimientos sean destinadas a un Fondo de Reparación a Titulares.
Ese fondo, según establece el texto presentado, se financiaría con el 50% de las multas recaudadas por infracciones a la normativa y tendría como destino la asistencia jurídica gratuita para los afectados y acciones de educación digital.
El kirchnerismo lo presentó como un proyecto que complementa el del oficialismo
Desde Fuerza Patria remarcaron que la propuesta busca diferenciar la protección de la infraestructura informática del Estado de la protección de los derechos de las personas. En ese sentido, señalaron que el proyecto de Ciberseguridad enviado por el Gobierno provincial apunta a reforzar los sistemas y redes estatales, mientras que esta iniciativa se concentra en qué ocurre con los ciudadanos cuando esos sistemas sufren vulneraciones.
“Una ley protege los sistemas informáticos y la otra protege a las personas”, sintetizaron desde el bloque opositor al explicar la relación que plantean entre ambas iniciativas.
El proyecto de ley deberá ahora iniciar su tratamiento en la Legislatura, donde será analizado en comisión antes de avanzar hacia su eventual debate en el recinto.
El proyecto oficial para proteger los sistemas del Estado frente a ciberataques
La Ley de Ciberseguridad impulsada por la ministra Mercedes Rus apunta a establecer mecanismos de prevención, detección y respuesta ante ataques informáticos que puedan afectar la infraestructura digital pública y servicios esenciales como salud, seguridad, educación, transporte y energía.
La iniciativa propone crear un comité ejecutivo integrado por especialistas, elaborar un diagnóstico sobre las vulnerabilidades existentes y diseñar un plan provincial de ciberseguridad.
El proyecto también contempla la obligación de los organismos públicos de reportar incidentes y vulnerabilidades detectadas, con el objetivo de generar registros que permitan conocer el tipo de ataques que recibe el Estado y mejorar la capacidad de respuesta. Además, prevé una autoridad operativa encargada de implementar medidas técnicas definidas por el plan provincial.
Desde el Ejecutivo explicaron que la norma no busca investigar ciberdelitos -que ya están contemplados en el Código Penal- sino fortalecer la protección preventiva de los sistemas públicos y garantizar la continuidad de los servicios digitales.
El kirchnerismo plantea que esa norma debe complementarse con este régimen específico que establece derechos y reparaciones para los ciudadanos cuando sus datos personales queden expuestos.
En pocas palabras
- Protección de datos: kirchneristas presentaron un proyecto para que se informe a ciudadanos sobre hackeos de sus datos personales.
- Obligaciones estatales: se exige notificar filtraciones en 72 horas y crear un fondo de reparación.
- Complementariedad: la iniciativa busca reforzar derechos personales ante la Ley de Ciberseguridad provincial que propone el Gobierno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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