El gobierno de Javier Milei decidió cerrar las corresponsalías de la agencia de noticias del Estado, Télam, en distintos puntos del país. La noticia llega a dos meses de que el servicio se suspendiera y los trabajadores pasaran a disponibilidad.
A través de un documento firmado por el interventor Martín Chaher, la Nación oficializó el pedido de cierre comunicándolo a las diferentes áreas del organismo.
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La orden del Gobierno
“Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, sentencia el texto oficial.
“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, añade.
Este es el documento:
Télam fue fundada hace 78 años
Télam tenía corresponsales en todas las provincias, en un intento por "federalizar el flujo informativo". Mendoza, por supuesto, estaba dentro de la nómina. Fue creada hace 78 años y contaba con 700 empleados que generaban unos 500 artículos por día. Para Milei, en cambio, era una herramienta de "propaganda kirchnerista".
El 4 de marzo, la central de Télam -que queda en la calle Bolívar de CABA- fue vallada y rodeada de policías, por lo que los trabajadores no pudieron entrar. Simultáneamente, se conoció que el Gobierno les había dado licencia a los empleados. Y más tarde se supo que se estaban ofreciendo retiros voluntarios tanto para empleados de planta como para contratados.
La noticia llega a Mendoza en días tristes para el periodismo. Al cierre de Télam se le sumaron en las últimas semanas los anuncios de despidos en el Canal Acequia y en el Diario Los Andes. Son decenas los trabajadores de prensa -y las familias- que se han quedado sin trabajo.
Al mismo tiempo. Milei ya propuso la privatización de Radio y Televisión Argentina, incluida en la Ley Bases como una de las empresas nacionales a vender. Si el proyecto legislativo es aprobado en el Senado, el paso a manos privadas será prácticamente un hecho.
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