Análisis y opinión

El gobierno nacional le facilita la campaña a Cambia Mendoza

Con la entrega de tierras por parte del INAI a comunidades que se reconocen mapuches, se abre un nuevo capítulo de tensión entre la Provincia y la Nación

Después de los hechos de violencia de los últimos años de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), liderada por Facundo Jones Huala, recientemente detenido en Villa Mascardi, se observa con cierta aversión a las reivindicaciones de tierras de los descendientes de pueblos originarios. Sin embargo, el caso de las comunidades afincadas en Malargüe y San Rafael nada tiene que ver con los intereses y la metodología utilizada por los rebeldes de la Patagonia.

Los dirigentes locales representativos de los esos habitantes sureños dan pasos en la búsqueda del reconocimiento definitivo de ámbitos comunitarios en el marco de la ley. Se trata este conflicto, entonces, de un pleito legal que, sin dudas, tiene connotaciones políticas alentadas por la gestión de Alberto Fernández y rechazadas por el gobierno provincial y, en este caso puntual, por el intendente justicialista de San Rafael, Emir Félix.

Las resoluciones 36/2023 y 42/2023 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) llegaron para generar zozobra en Mendoza, como si no faltaran motivos de desánimo general.

Tras una seguidilla de acciones de la administración Fernández-Fernández que se consideran adversas a los intereses de la Provincia, esta nueva movida reedita la crispación en la relación del gobierno de Suarez con la Nación.

El Gobernador ha solicitado a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que avancen en los pedidos de inconstitucionalidad de las resoluciones del INAI. Del mismo modo remarca la "desidia" del gobierno nacional en el tratamiento de la problemática de la Patagonia en materia de inseguridad, y advierte que si no hay seriedad e institucionalidad "vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza".

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 Las comunidades mapuches están afincadas en Malargüe y San Rafael.

Las comunidades mapuches están afincadas en Malargüe y San Rafael.

Por su parte, Emir Félix señala en un comunicado que las resoluciones en cuestión generan inseguridad jurídica porque se apartan del espíritu con que fuera creada la ley 26.160, debido a que quienes se consideren habitantes originarios deben poder demostrar tal condición. Y da en el blanco, el jefe comunal, cuando pide que la Justicia determine si existen derechos en el marco de la ley, sino "estaríamos frente a medidas usurpatorias".

Como lo puntualiza el intendente de San Rafael, quien no se preocupó en desmarcarse de la movida nacional, existen sentencias adversas, tanto de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial como de la Suprema Corte (noviembre de 2021), a pretensiones similares de reconocimiento de propiedades ocupadas por no apegarse a los requisitos normativos.

En esos antecedentes se asienta el pedido de inconstitucionalidad de Suarez respecto de la entrega de tierras por parte del INAI, al tiempo que el oficialismo local sospecha que existe una maniobra política perjudicial a Mendoza y ya están lloviendo los pedidos de informe de diputados y diputadas radicales en la Cámara Baja de la Nación que critican el reconocimiento "exprés", de parte del instituto nacional.

Los territorios bajo discusión son espacios no del todo definidos por tratarse de actividades económicas y vitales históricamente móviles que no siempre están circunscriptas a delimitaciones espaciales, distinto a lo que sucede usualmente en el resto de la provincia, lo que hace más complejo el reconocimiento de los terrenos que han sido entregados a las comunidades reclamantes.

Debe reconocerse que quienes se arrogan derechos ancestrales bajo el legado cultural y territorial mapuche, en tierras de San Rafael y de Malargüe, se están moviendo en el marco institucional del derecho positivo, amparados por la reforma constitucional de 1994 y demás disposiciones legales vigentes. Estas organizaciones no desconocen el Estado ni el sistema republicano, contrariamente a lo que caracteriza a la RAM con sus acciones violentas.

El tema en cuestión es si efectivamente las resoluciones, que cayeron en la Provincia como un balde de agua fría, responden estrictamente a lo que prescribe la ley o si se trata de una aplicación amañada que tiende a prolongar indefinidamente pleitos judiciales sobre el que se puedan montar oportunistas.

Las 21.370 hectáreas y otra fracción de 3.500 metros cuadrados discutidas abarcan zonas de actividad petrolera y turística, entre otras, y podría afectar la ruta que comunicaría con el paso Las Leñas en San Rafael, por eso se consideran estratégicas para el desarrollo de la región sureña.

Montado a la polémica, el vicepresidente del INAI, Luis Alberto Pilquimán, ha declarado que las comunidades Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv son mapuches, "se reconocen así y tienen ocupación tradicional", y disparó que "pareciera que en el único lugar en donde hay conflictividad es en Mendoza. Hay que tener una nueva apertura mental para estos nuevos procesos", acotó.

En verdad, más que una problemática mental, habría que examinar si las resoluciones dictadas por ese organismo son legales o no, y si el reconocimiento de tierras se ajusta a derecho o están flojos de papeles.

Al margen de las reivindicaciones mapuches, frente a este nuevo conflicto entre los gobiernos nacional y provincial, de lo que no hay dudas, es que no ha existido diálogo entre las autoridades de las respectivas jurisdicciones.

Otra vez el justicialismo local queda embretado por decisiones nacionales y de nuevo pareciera que el gobierno de Fernández le apuntala la campaña a Cambia Mendoza. Pero lo delicado, por encima de las rencillas políticas, es que una vez más a la Provincia le mojan la oreja.

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