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El fiscal de Estado pidió rechazar el amparo que busca suspender las clases en Mendoza

El fiscal de Estado, Fernando Simón, recomendó rechazar el amparo que busca suspender las clases en Mendoza. Argumenta que el derecho a la Educación se da en la presencialidad

En la puja que se replicó en Mendoza sobre la suspensión o no de las clases presenciales, y ante la presentación de 3 medidas judiciales para que se cierren las escuelas, ahora fue el Fiscal de Estado, Fernando Simón, quien pidió rechazar uno de esos amparos y argumentó que el "derecho a la Educación, se logra en mayor medida con la presencialidad en las escuelas". También ratificó que esa decisión no es una atribución del Poder Judicial, sino del Gobierno provincial. Puntualmente respondió así al amparo que interpuso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El fiscal de Estado mendocino, también apeló al reciente fallo de la Corte sobre la presencialidad en las escuelas, que avaló la postura del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al replicar parte del aporte del juez Ricardo Lorenzetti.

"Citando lo expresado por el Dr. Ricardo Lorenzetti en el fallo de la Corte emitido hoy, “en el presente caso hay que determinar cuál es el máximo grado de satisfacción del derecho a la educación frente a una emergencia sanitaria", resaltó Simón.

En su respuesta, al plantear el rechazo al amparo que pretendía cerrar las escuelas, Simón remarca que la medida solicitada no podía analizarse aisladamente, ya que se enmarca en una política pública sanitaria compleja, en la cual deben permanentemente analizarse interrelacionadamente las innumerables medidas que la integran (restricciones a la circulación, al comercio, actividades sociales, culturales y religiosas, entre otras). Así también debe considerarse el impacto de cada medida sobre múltiples derechos de los habitantes (a la vida y a la salud en primer lugar, pero también a la educación, a trabajar, comerciar y ejercer sus profesiones e industrias, a transitar, libertad religiosa, etc.).

Sin embargo advierte que "debe monitorearse en forma permanente la evolución de la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud, ajustando en forma permanente las medidas implementadas, ya que una medida que en este momento no se considera necesaria, posiblemente en un futuro muy cercano pueda resultar imprescindible".

En consonancia con los mismos criterios que planteó la Corte nacional, Simón ratifica que a su entender la decisión de mantener o no la presencialidad en las escuelas no es una atribución del Poder Judicial, sino que "la definición de la modalidad de dictado de clases en el ámbito de la Provincia es una atribución que corresponde a las autoridades mendocinas, quienes deben ejercerla en un marco de concertación con las autoridades nacionales y conforme las pautas establecidas en los acuerdos celebrados en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Y que así lo había hecho el Gobernador Rodolfo Suárez al disponer la continuidad del sistema de cursado presencial, contemplando excepciones, adaptando y compatibilizando las normas generales dictadas por la Nación a las particularidades y necesidades que presenta la Provincia en cada momento".

Por tanto, Simón concluye su respuesta resaltando: "No existe irrazonabilidad ni arbitrariedad manifiesta en la decisión de no suspender, en este momento, la modalidad educativa que se viene implementando de presencialidad administrada”, debiéndose por tanto, en su opinión, rechazar la demanda.

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