Luego de que pasaran más de 20 años de la privatización del Banco de Mendoza S.A. y del de Previsión Social S.A. la Justicia finalmente falló a favor de Mendoza por una millonaria demanda que se originó en el 2007. Una jueza rechazó el reclamo de dos grupos inversores -Magna Inversora y el Grupo República- que originalmente pretendían el pago de $22 millones, cifra que actualizada ronda los $150 millones y avaló la defensa patrimonial que planteó el fiscal de Estado, Fernando Simón.
Patrimonio provincial
El Fiscal de Estado ganó una millonaria demanda y le evitó a Mendoza pagar $150 millones
El juicio contra el Gobierno de Mendoza fue por daños y perjuicios en la privatización de los Bancos Mendoza S.A. y Previsión Social S.A. La demanda original era por $22.000, pero la cifra actualizada superaba los $150 millones
El fiscal de Estado, Fernando Simón lideró la defensa patrimonial oficial y logró el aval de la Justicia ante una demanda judicial por $150 millones.
El fallo que se conoció este martes, lleva la firma de la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada Nº1, quien dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad.
El reclamo que se le hizo a la provincia fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.
El planteo de la demanda
Puntualmente los representantes legales de los demandantes aseguraron que "a los efectos de la venta, la Provincia de Mendoza, procedió a escindir el patrimonio de las instituciones, creando, contablemente y en cada caso, un "Banco Nuevo" y un "fondo residual". Para la creación del "Banco Nuevo" dispuso la elaboración de un Estado Patrimonial Especial 30/11/1995, también llamado Balance pro forma que tenía por finalidad identificar el patrimonio que representaban las acciones que se ponían a la venta".
En ese sentido, indicaron en la demanda que "en el proceso de licitación, se puso a disposición de los oferentes cierta documentación por un corto lapso, a fin de que pudieran compulsar en forma más acabada la situación patrimonial de los Bancos. Dicha muestra resultó insuficiente frente a ciertos aspectos que se mantuvieron ocultos a los ojos de los participantes, y luego a los propios adjudicatarios, hasta el mismo momento de la entrega de la posesión efectiva de los Bancos acaecida el 30 de noviembre de 1998.
Sin embargo la Justicia rechazó de plano las acusaciones del grupo empresario argumentando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.
Así la jueza Gallardo avaló la defensa del patrimonio oficial que había hecho el equipo legal de la Fiscalía de Estado que comanda Fernando Simón.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos casi lo mismo que reclamaron años después. Estas entidades reunían en ese momento un total de $600 millones en depósitos, 1.100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país.