El Fiscal de Estado Fernando Simón dio su aprobación para que la reina departamental de Guaymallén, electa en una fiesta paralela a la que hizo el municipio, pueda estar en todos los festejos vendimiales de la provincia. Su opinión no es vinculante, pero se da dentro del proceso en que la Suprema Corte trata de definir sobre el tema. Se basó en dos leyes que protegen el patrimonio cultural de la provincia.
El Fiscal de Estado Fernando Simón avaló la participación de la reina rebelde de Guaymallén en la Vendimia
En un comunicado que se publicó en las últimas horas, solicitaron que se ordene aceptar la participación de la joven, destacando que existe un variado régimen legal que avala tanto a esa figura como a todas las expresiones relacionadas con la festividad. Afirma que una prohibición como la que intenta el Concejo Deliberante de Guaymallén, sólo puede hacerse mediante un debate “en el mismo ámbito que la declaró”, es decir, con una nueva reglamentación aprobada en la Legislatura.
Tomando las leyes 6.963, del año 2002 (que declara “Patrimonio Cultural de Mendoza a la Fiesta de la Vendimia en todas sus manifestaciones”) y 5.961, de 1992 (que refiere “la protección y defensa de elementos culturales o paisajes”), el organismo avaló los pedidos para que Julieta Lonigro pueda ser parte de los festejos que comienzan en pocos días, aduciendo que “el no otorgamiento de este derecho, perjudicaría a los habitantes de Guaymallén, que no podrán estar representados en los festejos vendimiales”.
La Fiscalía había sido consultada por el máximo tribunal de la provincia tras la presentación formal que hicieron la Comisión de Reinas Nacionales (Corenave), las ex representantes de Guaymallén y también la joven electa Julieta Lonigro, quien ya le había hecho un pedido expreso al gobernador Suarez para que la dejara participar junto a las otras 17 candidatas de todas las actividades comprendidas en el tramo final de la Vendimia, incluida la elección de la soberana en el teatro Frank Romero Day.
Una decisión problemática
La ordenanza 9196/21 del Concejo Deliberante dispuso en febrero del año pasado que no habría más elección de reinas en Guaymallén, generando la respuesta inmediata de las comisiones de exreinas, quienes acudieron a la Justicia a finales de diciembre para intentar torcer esa decisión.
En principio, su estrategia buscó lograr un acuerdo a través de dos reclamos administrativos en la municipalidad, pero ante la ausencia de una respuesta favorable, acudieron a la Corte, tal como lo habían anticipado. En su momento, opinaron que la disposición de los concejales no prohíbe la realización de una fiesta (con su elección de reinas), sino que –simplemente- no avala que la lleve adelante la intendencia.
En los últimos días, el conflicto volvió al centro de la escena y motivó a que Marcelino Iglesias tuviera que expresarse nuevamente sobre el tema: “Estamos pagando los costos por ser pioneros. Hoy el problema es nuestro, pero el año que viene va a ser de todos los departamentos, porque muchísimos intendentes me felicitan por haber dado este paso adelante y quieren hacer lo mismo. Esto es irreversible”, dijo el jueves pasado en Radio Nihuil.
Ahora, la decisión vuelve a estar en la mesa de la Corte mendocina, aunque con un antecedente clave que puede inclinar la balanza en contra de lo que pretende el jefe comunal.



