Coparticipación educativa

El dilema de los $14.000 millones para escuelas y un cambio en el Presupuesto que sigue haciendo ruido

El oficialismo mantuvo el artículo sobre la coparticipación educativa a los municipios que generó rispideces con intendentes. Eliminó el porcentaje mínimo requerido para habitabilidad y conectividad y viró hacia una redacción menos combativa. ¿Es mejor o peor?

Eso dice el artículo 54 de la ley de Presupuesto vigente, que además incluye cuestionadas atribuciones a la DGE y hasta la posibilidad de retener la coparticipación de fondos nacionales.

Después de que muchos de los intendentes, peronistas pero también oficialistas, cuestionaran esa exigencia, el Gobierno decidió esta vez no incluirlo en el proyecto de ley presupuestaria que se sancionará, este martes en el Senado. O sí, está, pero modificado y con una redacción menos combativa.

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Estos cambios, que desde el oficialismo aseguran que se hicieron para no generar otra vez entredichos con los intendentes, igualmente no cayeron bien en el peronismo que sigue viendo gato encerrado.

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La raiz del conflicto, los cambios en la Ley de Presupuesto y una cesión del Gobierno, a medias

Es la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada en 2006, la que estableció un compromiso entre Nación y las provincias para llevar el gasto para Educación al 6% del PBI. La Nación invertiría entonces exclusivamente en educación universitaria y científica y las provincias en inicial, primaria y secundaria, con una asignación específica que llegaría como coparticipación.

En esos años de pleno crecimiento del país, las provincias vieron incrementados los fondos para la asignación específica Educación gracias a la mayor recaudación que se lograba.

Mendoza incluyó esos montos dentro de lo que la Provincia coparticipa a los municipios, que es un 18,8%. Dado que no todas las provincias lo hacían, en 2012 se estableció la obligación de repartirlo según el índice de coparticipación municipal.

A lo largo de todos estos años, Mendoza no pidió rendiciones de cuenta por esa partida específica para Educación que a los municipios se les da por coparticipación nacional. Aunque efectivamente la mayor parte de esos fondos van a parar al sistema educativo, sea para recurso humano, infraestructura o programas educativos, lo cierto es que en los papeles no estaba rendido.

Fue entonces cuando en el proyecto del Presupuesto 2022, la DGE y el Ministerio de Hacienda acordaron incluir el famoso artículo 54, estableciendo respecto de la Coparticipación Financiamiento Educativo a Municipios que estos deberían destinar como mínimo un 30% de esos recursos "a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos".

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Dicen desde el Gobierno provincial que esos dos ejes principales, la habitabilidad y la conectividad son puntos de más fácil y rápida resolución para los municipios y entonces, para "ordenar" los planes de obras para las escuelas, se decidió que con aquel fondo coparticipable, los municipios se encargaran principalmente de ello.

Incluso para que esa tarea fuere aún más organizada, es que se firmaron convenios repartiéndose labores. Sin embargo, de los 18 municipios de Mendoza, solo comprometieron su firma en ese plan la mitad (todos radicales) y el año próximo deberían renovarlo. El resto acuerda e informa a la DGE, por fuera de un convenio formal, qué es lo que va haciendo en materia educativa.

"El fondo, por ley, está destinado a Educación formal y no formal", explicó a Diario UNO Patricio Cabral, Jefe de Gabinete de la DGE. "Sabemos, y lo plantearon algunos intendentes, que para unos municipios es más fácil cumplir con el objetivo del 30% para mejora de habitabilidad y conectividad, e incluso superarlo, pero para otros más chicos no", reconoció.

Y no alcanzan a hacerlo por algunos factores de regionalidad: porque las escuelas son menos, porque al ser menos suelen estar en mejores condiciones, porque las escuelas son más chicas y no es lo mismo pintar una de Santa Rosa que pintar una en Godoy Cruz, porque la mano de obra es más económica y hasta los materiales también.

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Entonces, un municipio grande llega a ejecutar el 30% de la asignación fácilmente mientras que a un municipio chico le cuesta mucho más trabajo.

Esos motivos fueron parte del origen de las rispideces que se generaron a lo largo del 2022 con buena parte de los intendentes y es por eso que este año se eliminó el porcentaje.

Ahora se dejó el artículo con los ítems generales que figuran en la Ley nacional aunque sí se pide "priorizar" la infraestructura edilicia y tecnológica. Esos otros ítems son la primera infancia en situación de vulnerabilidad, la disminución de la brecha socioeducativa, que se logra con la creación y el manejo de los SEOS en los que la tarea municipal es clave, el apoyo a la educación obligatoria y la vinculación de la educación con el mundo del trabajo.

Los fondos se pueden usar por ejemplo, desde para la organización de un congreso hasta para pagarle a los celadores de los SEOS (Servicios Educativos de Origen Social) y CAE (centros de actividades educativas).

La redacción del artículo se cambió, las sanciones se eliminaron pero, igualmente, se mantuvo en la letra de la ley de presupuesto el destino de la asignación específica -más allá de que la norma nacional también lo dice-, a diferencia de lo que sucedía antes del 2022.

Dicen desde el Ejecutivo que lo hicieron para "no alterar a ningún intendente", entendiendo que todos, en mayor o menor medida, dedican esa porción de coparticipación a las escuelas.

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La rendición de cuentas a la Provincia, otro punto en discordia

Lo cierto es que los municipios tienen autonomía y hay que respetarla. Puede la DGE como autoridad de aplicación de este artículo del presupuesto proponer la firma de convenios; puede la Provincia pedir que se "prioricen" ciertos destinos pero son los intendentes los tienen la potestad, por sus departamentos, de acordar o no.

Desde que se creó la ley nacional, la Provincia rinde cuentas de lo que recibe por coparticipación, incluido lo que recibe para la asignación específica educación, pero no los municipios. O sí, los que quieran, pero no de manera reglamentada.

"Esa rendición de cuentas de la asignación específica no se reglamentó porque consideramos este 2022 como un año de transición", explicó Cabral. Pero tampoco se hará de cara al 2023 porque es el último año de gestión de Rodolfo Suarez y si no tiene el consenso de todos los intendentes, no se meterá en el barro.

Las dudas de los más reacios

Que esté la asignación específica Educación que llega de Nación en la letra de la ley provincial de Presupuesto tiene toda una significación, incluya o no un porcentaje el artículo.

"Parece más laxo pero en realidad, al estar dentro de lo que será aprobado como ley, todos los municipios terminan obligados por una norma provincial a cumplir afectar el 100% de la asignación a Educación", explica un dirigente del peronismo.

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Y es cierto. Eso sería darle cumplimiento a la ley de origen, es decir, la nacional. ¿Pero qué pasa si ese 100% no se ejecuta para Educación? Al estar regulado por la ley provincial, tanto la DGE como luego el Tribunal de Cuentas provincial tienen la potestad de pedir la rendición o auditoría y eso podría traerle aparejado a quien no lo haya ejecutado completamente un problema serio.

"Los municipios invierten muchísimo en Educación pero realmente, para un municipio chico, el monto de la asignación específica es muy grande", dicen a su vez desde uno de los departamentos del interior en el que, por ejemplo, significa el 15% del presupuesto total.

Y en el Gobierno coinciden y es por ello que aseguran que se pedirá la rendición pero la potestad existe y para el fin del ejercicio 2023 ya no será Suarez el gobernador por lo que la desconfianza aumenta.

Especialmente la de los llamados "copadependientes", que son aquellos municipios más chicos que prácticamente no tienen recursos propios y dependen exclusivamente de lo que reciben por coparticipación en general, sea para dedicarlo a Educación o a cualquier otra necesidad.

Son estos los que pusieron el grito en el cielo cuando, otra vez, vieron el artículo en el proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en Diputados y que tiene despacho a "libro cerrado" para ser tratado el martes sin modificaciones.