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Nación se involucró en el conflicto por la atención de traumatólogos a afiliados de PAMI en Mendoza.
Ese dictamen ya llegó a manos de la Secretaría de Industria y Comercio que es quien tendrá la decisión final. Mientras tanto, traumatólogos volvieron a suspender la atención a jubilados y pensionados de PAMI en las cinco clínicas denunciantes: Clínica Santa María, el Hospital Privado, Santa Isabel, Italiano y A mano.
El dictamen contra los traumatólogos: clínicas y jubilados de PAMI esperan por una definición
Traumatólogos de Mendoza, agrupados por AMOT, continúan prestando el servicio completo a afiliados de PAMI en las clínicas Santa Clara y Sociedad Española, que son las dos únicas que firmaron el acuerdo a fines de abril.
En las otras cinco, la atención está suspendida mientras se espera la definición de Nación sobre el otorgamiento o no de la medida tutelar anticipada pedida por las clínicas.
La denuncia que fue presentada ante la Comisión de Defensa de la Competencia versa sobre la “presunta cartelización en el mercado de los servicios de traumatología a los afiliados del PAMI en el Gran Mendoza través de tres prácticas restrictivas: a) fijación del precio de servicios al que se ofrecen en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto; b) suspensión de la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público; y, c) impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste”.
Según el análisis de esa comisión, la conducta de los médicos traumatólogos “podría dejar colapsado el servicio de traumatología, no solo para pacientes de PAMI, sino a la población en general”.
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Traumatólogos suspendieron la atención en las cinco clínicas que los denunciaron ante la Nación.
Esto último, dicen los funcionarios nacionales al secretario de Industria y Comercio en su dictamen, “se vincula al recaudo de peligro en la demora, el cual, en materia de defensa de la competencia, se identifica con la urgencia en evitar o hacer cesar un daño, concreto o potencial a la competencia y/o al interés económico general”.
Por lo que, de no dictarse la medida de tutela anticipada, “el trascurso del tiempo puede consolidar una situación que potencialmente tendría al menos la potencialidad para generar un perjuicio al interés económico general”.
Una solución contraria, dijo la comisión nacional de Defensa de la Competencia, “podría comprometer la salud e integridad física de los afiliados de PAMI”.
Por tanto, la CNDC consideró que corresponde el dictado de una medida de tutela anticipada que resuelva:
“Que AMOT se abstenga en forma inmediata de suspender la prestación de cualquier servicio médico traumatológico a los jubilados de PAMI; suspender respecto a las denunciantes, la aplicación de cualquier listado de precios referido a la actividad profesional de los asociados que brindan su atención a los afiliados; y restablecer de inmediato la normal atención, respetando las condiciones vigentes al día 31 de marzo de 2025”.
Este dictamen contra los médicos traumatólogos que llevan a cabo la medida ya llegó a manos de la Secretaría que tendrá la última palabra mediante una resolución.
