El paro portuario convocado por prácticos, pilotos y baqueanos paralizó el tránsito de más de 150 buques en las vías navegables de la Argentina. La medida paralizó maniobras de ingreso y egreso en distintos puertos de la Argentina y amenaza al comercio exterior.
La medida de fuerza surgió en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger, el cual desregula el servicio de practicaje en los principales puertos del país y busca modificar un régimen regulatorio vigente desde 1991.
Impacto económico por el paro portuario
La suspensión no oficial de las actividades afecta la entrada y salida de navíos en terminales clave como Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca. Asimismo, el comercio exterior sufrió un fuerte impacto en el cordón agroexportador de San Lorenzo, Arroyo Seco y Santa Fe, por donde transita cerca del 80% de los granos exportados.
Entre las embarcaciones damnificadas destaca el navío de transporte pesado White Marlin, el cual no pudo ingresar a muelle para trasladar insumos destinados a la megaobra Vaca Muerta Oil Sur. Este desarrollo de infraestructura energética representa un proyecto estratégico con un avance superior al 75% que prevé conectar la cuenca neuquina con la provincia de Río Negro.
Frente a las complicaciones, el Centro de Navegación advirtió sobre la derivación de cargas hacia terminales marítimas de Montevideo y del sur de Brasil. La entidad gremial alertó que este paro portuario puede generar millonarias pérdidas en divisas por sobrecostos logísticos, además del riesgo latente de desabastecimiento de materias primas e insumos productivos en varias plantas industriales.
La Cámara Argentina de Energía informó que las maniobras de sus asociadas se encuentran frenadas en muelles como Caleta Córdova. Desde el sector advirtieron que la falta de navegabilidad podría derivar en serios problemas para el transporte de combustibles hacia las refinerías y los centros de consumo en distintos puntos del territorio nacional.
Alcance legal y medidas ante el paro portuario
Ante la parálisis en el flujo marítimo, la Prefectura Naval Argentina envió notificaciones individuales a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje. El organismo de seguridad intimó a los especialistas a reanudar la prestación de sus tareas de manera inmediata, bajo apercibimiento de iniciar sumarios administrativos e impulsar denuncias penales.
El Poder Ejecutivo remarcó que el asesoramiento en el manejo de embarcaciones constituye un servicio público regulado estrictamente por la Ley de Navegación. En ese sentido, las autoridades fundamentaron que la interrupción inmotivada de las maniobras de guiado pone en peligro el abastecimiento de insumos básicos y afecta la seguridad operativa en canales y ríos de todo el país.
La cartera laboral de la Nación no habilitó una conciliación obligatoria debido a la naturaleza jurídica de la protesta. Fuentes oficiales explicaron que, al ser trabajadores independientes sin relación de dependencia directa ni encuadramiento en un convenio colectivo unificado, el cese de tareas responde a decisiones individuales de no aceptar nuevas órdenes de trabajo.
Esta modalidad de protesta genera un boicot en los accesos portuarios, donde el asesoramiento técnico resulta imprescindible por la complejidad de las vías fluviales. Mientas que las operaciones asignadas previamente continúan completándose con normalidad, la falta de cobertura para nuevos servicios bloquea la reprogramación del tráfico marítimo.
La desregulación que desencadenó el paro portuario
El origen del conflicto obedece a la vigencia de la nueva reglamentación promovida por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger. Dicha normativa introduce transformaciones de fondo en la actividad con el objetivo declarado de reducir los costos logísticos y promover un esquema de mayor competencia comercial en el ámbito del transporte por agua.
Entre sus disposiciones principales, el texto oficial crea un registro abierto de prácticos bajo la órbita del Estado y faculta a los armadores a contratar libremente a los profesionales. Adicionalmente, encomienda a la Agencia Nacional de Puertos la fijación de tarifas máximas de servicio y exige la publicación transparente de los precios para impedir distorsiones tarifarias.
Asimismo, el ordenamiento elimina la obligación de cambiar de práctico durante trayectos contiguos y flexibiliza las exenciones de contratación para determinados tipos de buques. El ministro de Desregulación expresó públicamente que las medidas buscan transformar las hidrovías en una autopista de desarrollo y terminar con viejas barreras de ingreso que encarecían el costo final del comercio internacional.
En contraposición, diversos actores del sector naval manifestaron reservas sobre la aplicación del nuevo marco legal. Entre los cuestionamientos planteados, se advierte una eventual flexibilización de los controles de navegación que podría incidir en la seguridad marítima, además de habilitar la participación de operadores extranjeros en condiciones de asimetría con la industria local.
Fuentes: A24.com, Noticias Argentinas y Boletín Oficial
En pocas palabras
- Paro portuario: más de 150 buques frenados por rechazo al decreto de desregulación del practicaje.
- Impacto económico: comercio exterior afectado, riesgo de sobrecostos logísticos y desabastecimiento.
- Acción de Prefectura: Nación intimó a reanudar tareas a más de 500 profesionales del sector.





